ESTADOS UNIDOS INCLUYE A BOLIVIA EN SU ‘LISTA NEGRA’ DE TRÁFICO DE PERSONAS Y ALERTA QUE EL GOBIERNO NO CUMPLE LAS NORMAS MÍNIMAS PARA LA ELIMINACIÓN DE ESTE DELITO

Estados Unidos incluyó este jueves a Bolivia y a Birmania en su “lista negra” de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, una medida que puede llevar a la imposición de sanciones, y en la que mantuvo a Venezuela, Rusia, Irán, Belice y Corea del Norte.

“El tráfico de personas es un problema global, pero también un problema local (…) Invitamos a todos los Gobiernos nacionales a trabajar con las autoridades locales“, dijo el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, en el acto de presentación de su informe anual sobre el tráfico de personas en el mundo.

Bolivia

En la “lista negra” del informe aparecen 22 países, una cifra similar a los 23 del año pasado, aunque cambiaron sus integrantes con la entrada de Bolivia, Birmania, Gabón, Laos, Papúa Nueva Guinea; y la salida de la República Centroafricana, Guinea-Bissau, Guinea, Mali, Sudán y Uzbekistán.

La inclusión en la “lista negra” del informe puede llevar a la imposición de sanciones como la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial o la negativa a que reciban préstamos de instituciones multilaterales si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así lo decide. Bolivia había estado en una lista de observación durante cuatro años consecutivos y, en cumplimiento de una ley contra el tráfico de personas de 2010, este año el Departamento de Estado tuvo que incluir al país en su “lista negra”, aunque reúne las características para seguir en sobre aviso, según el informe.

No obstante, el Departamento de Estado alerta de que “el Gobierno de Bolivia no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación del tráfico de personas y no demostró un aumento general en sus esfuerzos para hacerlo en comparación con el período anterior”.

En concreto, Estados Unidos asegura que el Gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, “no financió suficientemente” su plan nacional contra el tráfico de personas y, además, no dedicó los recursos necesarios al enjuiciamiento de los culpables de esos crímenes y la protección de sus víctimas.

EL DEBER