LÍDER INDÍGENA MARUPA ES ASESINADO EN MEDIO DE TENSIONES POR MINERÍA ILEGAL

Francisco Marupa, dirigente indígena de la comunidad Torehua y miembro de la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), fue asesinado el 14 de febrero en su hogar, ubicado en el norte de La Paz, en el Parque Nacional Madidi. Marupa, reconocido por su firme lucha contra la minería ilegal y la protección de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, fue encontrado muerto con señales de violencia. Su muerte ha generado conmoción, especialmente porque se da en un contexto de conflictos por el control de los recursos naturales, como el oro, en territorios indígenas.

El joven de 20 años, identificado como Julio L. T., fue detenido al día siguiente del crimen y confesó haber asesinado a Marupa debido a una disputa personal. Según la Policía, el dirigente lo había sorprendido robando en sus sembradíos en dos ocasiones y lo había amenazado para que no volviera. Tras esta confrontación, Julio L. T. admitió que, al ser nuevamente descubierto, cometió el crimen. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró que se descartaba cualquier vínculo con la minería ilegal y aclaró que la causa de la muerte fue un conflicto personal. Del Castillo añadió que la versión de un ajuste de cuentas o de un conflicto territorial no era válida, tras el anuncio de las investigaciones preliminares.

A pesar de que las autoridades descartan una relación con la minería ilegal, diversas organizaciones e instituciones, como la Red Eclesial Panamazónica y la Central Indígena del Pueblo Leco, han señalado que el asesinato podría estar vinculado con los constantes asedios de grupos dedicados a la minería ilegal en la zona. El territorio de Marupa ha sido objeto de amenazas de invasión por parte de estos grupos, que buscan extraer oro de los ríos cercanos. Estas organizaciones han instado al gobierno a realizar una investigación exhaustiva y a garantizar la seguridad de las comunidades indígenas.

Julio L. T. fue enviado a prisión preventiva por cinco meses por su presunta participación en el crimen. Aunque las autoridades afirman que el asesinato fue causado por un conflicto personal, las organizaciones indígenas siguen exigiendo justicia y protecciones para evitar más ataques a los defensores del medio ambiente y los territorios indígenas en áreas amenazadas por la minería ilegal.

El asesinato de Marupa ha resaltado la creciente violencia que enfrentan los pueblos originarios en Bolivia, y ha impulsado llamados a una mayor presencia estatal en la protección de estas comunidades y sus recursos naturales frente a los intereses extractivos ilegales.