DEFENSORÍA DEL PUEBLO REALIZA VERIFICACIÓN IN SITU SOBRE LA SITUACIÓN DE DEFENSORES AMBIENTALES EN TARIQUÍA
En el marco de la intervención policial registrada en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, un equipo de la Defensoría del Pueblo se constituyó este lunes en el municipio de Entre Ríos, Tarija, para realizar una verificación in situ de la situación de las personas que participan en la vigilia instalada por el Comité de Defensa de Tariquía.
La Delegada Defensorial Departamental de Tarija, Cecilia Bolívar, informó que la presencia institucional responde a instrucciones del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, con el objetivo de recabar información directa sobre los hechos, evaluar las actuaciones policiales según los estándares de uso de la fuerza y constatar el estado físico integral de los comunarios.
Durante las entrevistas realizadas, se constató la participación de mujeres y personas adultas mayores, todas de origen campesino. Asimismo, se informó que 17 personas fueron notificadas con el inicio de un nuevo proceso penal por presunta comisión de delitos como asociación delictuosa y otros.
Según la información recabada, la vigilia se mantiene de manera continua desde el 8 de diciembre de 2025. Las y los comunarios solicitaron la presencia de autoridades del Órgano Ejecutivo en el territorio para conocer directamente la situación del área y de las comunidades.
La Delegada Bolívar remarcó que se realiza un acompañamiento institucional permanente, con el fin de garantizar que las actuaciones de las fuerzas del orden se desarrollen conforme a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, respetando los derechos fundamentales.
El operativo policial, según el reporte de la Defensoría, contó con aproximadamente 40 efectivos y personal de la empresa Petrobras, quienes ingresaron al punto de vigilia en la Quebrada Las Vacas cumpliendo una orden del Ministerio Público, superando el punto de resguardo establecido por las comunidades.
Además, la Defensoría mantiene seguimiento a la situación jurídica de defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, entre ellos Nelly Coca y Andrés Miranda, quienes enfrentan procesos penales por presuntos delitos como impedir o estorbar el ejercicio de funciones, atentados contra la libertad de trabajo y asociación delictuosa.
La institución recordó que el Estado boliviano, en el marco del Acuerdo de Escazú, tiene compromisos internacionales para garantizar la consulta previa, libre e informada, así como medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
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