DICTAN 2 AÑOS DE CÁRCEL A QUISPE Y ÉL ASEGURA QUE SIGUE EN CARRERA

tata quispe

A dos años de cárcel fue sentenciado ayer  Rafael Quispe,  candidato a la Gobernación de La Paz, por el delito de acoso político que habría cometido en contra de Felipa Huanca,  excandidata del Movimiento Al Socialismo (MAS). Pero, el sentenciado afirmó que él continúa en carrera política.    

“He sido sentenciado a dos años por cumplir como diputado, por hacer fiscalización, por denunciar la corrupción en el ex Fondo Indígena”, informó Quispe luego de que el juez del Tribunal Primero de Sentencia, Iván Perales, emitiera su fallo. A las 16:30 de ayer, se instaló la audiencia en contra de Quispe quien,  en 2015,  denunció a Huanca de realizar presuntos malos manejos en el Fondo Indígena, cometidos en su calidad de dirigente de la Federación de Mujeres Campesinos  Bartolina Sisa. La denuncia la presentó a pocos días de las subnacionales de 2015 y que la habrían llevado a perder los comicios. 

Huanca dijo ayer que se hizo justicia y que para ella fue difícil encarar este proceso que duró cinco años. “No es fácil encarar esto, pero tenemos que ser fuertes (…) yo dije:  ‘Un día habrá justicia’. Mira cuántos días, cuántos meses he caminado, por eso estoy ahora agradecida”, dijo ayer la dirigente masista a Página Siete. 

Para Quispe el fallo de Perales es una decisión política, pero continuará en carrera electoral. “Saben que ganaré en las próximas elecciones (del 7 de marzo)”, enfatizó. El abogado de Quispe, Eduardo León,  informó que su defendido no puede ser inhabilitado para las subnacionales porque no hay una sentencia ejecutoriada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Dijo que la decisión del juez será apelada y acudirán a otras instancias. “Vamos a recurrir hasta el Tribunal Departamental de Justicia o al TSJ para que la misma sea revocada, incluso podemos llegar a instancias extraordinarias”.

Gonzalo Lema, analista y exvocal de la Corte Nacional Electoral,  explicó que Quispe tiene aún una tercera opción que es la casación y la sentencia ejecutoriada por el TSJ, pues la sentencia dictada ayer es en una primera instancia. “Él es candidato y es político;  en materia electoral la limitación sólo radica en quienes tienen sentencia ejecutoriada mientras son ciudadanos que todavía asumen inocencia y el Órgano Electoral debe actuar en base a esa presunción”, explicó el exvocal. 

La audiencia judicial se instaló a las 16:30 de ayer. El abogado León denunció que la sesión debió iniciar a las 9:30, pero solicitaron revisar las carpetas de investigación que realizó el Ministerio Público, pero sólo les dieron 30 minutos. 

La excandidata a la Gobernación se presentó a la audiencia con su abogado y dos abogados del Ministerio de Gobierno. “Los abogados del Gobierno pidieron que mi cliente sea detenido”, dijo León. 

El candidato a la Gobernación dijo anoche, en un acto de campaña, que no tiene miedo a una detención y desafió a la Policía. “No tengo miedo que venga la Policía si es posible aquí en Chulumani (Yungas) o en cualquier lugar, no hay miedo”, manifestó.

En febrero de 2015, la Contraloría General del Estado reveló un daño económico de 71 millones de bolivianos por proyectos fantasma e inconclusos, financiados por el ex Fondo Indígena, cuyo directorio estaba dirigido por la exministra Nemesia Achacollo (MAS), hoy sin imputación y libre. Un mes después, Quispe presentó una denuncia por legitimación de ganancias ilícitas, malversación, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y otros cinco delitos más. 

Pero la denuncia fue rechazada porque   era muy genérica y la justicia no encontró indicios para imputarla por las supuestas irregularidades en la ejecución de un proyecto del ex Fondo Indígena. Quispe denunció entonces que Huanca fue parte del desfalco millonario, pues entregó camélidos que no eran de raza y que los animales habrían sido pintados para hacer creer que eran de la calidad que exigía el proyecto.

Luego Huanca contraatacó y denunció a Quispe por violencia política y acoso político, pues le responsabilizó de perder las subnacionales de 2015. En la audiencia de ayer, el juez sentenció a Quispe por el segundo delito. “Señalan que la señora  Huanca había sufrido una violencia psicológica, pero no han podido demostrar de qué manera, qué médico forense (señala eso) o psiquiatra forense acreditó eso”, manifestó. Quispe afirmó que el juez dirigiéndose a su defensa  dijo que la denuncia no debió realizarla como diputado suplente, sino que debería esperar  ser asambleísta titular.
 

Algunos  hechos

  • Desfalco  En febrero de 2015, la Contraloría General del Estado reveló un daño económico de Bs 71 millones de bolivianos por proyectos fantasma  e inconclusos, financiados por el ex Fondo Indígena, cuyo directorio estaba dirigido por la exministra Nemesia Achacollo.
  • Obras  El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Joel Guarachi, reveló en 2015 que la exministra   Achacollo conocía desde 2013 de denuncias sobre obras “fantasma” y corrupción en el Fondo Indígena.
  • Fantasma El exsenador del MAS Jorge Choque Salomé   recibió Bs  6 millones del Fondo Indígena para la ejecución de siete proyectos, pero éstos figuran como “fantasmas”. 

Rafael Quispe: “Achacollo debería estar presa y con sentencia”

El candidato a la Gobernación de La Paz por  Somos Pueblo, Rafael Quispe, dijo ayer que él no debió ser sentenciado sino otras autoridades que estuvieron al frente del ex Fondo Indígena que desfalcaron esa institución con proyectos fantasma. 

“Felipa Huanca debería ser sentenciada y ejecutoriada. La ex ministra Nemesia Achacollo debería estar presa y con sentencia. No lo dice Rafael Quispe lo dice la Contraloría General del Estado y la interventora al ex Fondo Indígena”, dijo  Quispe a Página Siete. Recordó que la exministra Achacollo presidió el directorio del Fondo Indígena, que tomaba las decisiones de los desembolsos, además de los exministros  Luis Arce (hoy Presidente), Carlos Romero y Juan Ramón Quintana, los que hoy no están procesados y están libres. 

Achacollo fue detenida en agosto de 2016, el juez del caso determinó enviarla con detención preventiva. Cumplió un año en la cárcel de Miraflores de La Paz.  En diciembre de 2017, accedió al arresto domiciliario, que cumplió en Montero, Santa Cruz. Hasta la fecha, la justicia no fijó fecha para el inicio del juicio oral y la exautoridad se encuentra en libertad.

En enero de 2020, Quispe recordó que pidió a la Fiscalía que el exministro de Economía  Luis Arce sea incluido en el proceso por no cumplir su papel de fiscalizador, pero el caso quedó en nada. En abril de 2015, Marco Antonio Aramayo, ex director ejecutivo del Fondioc,  fue enviado a la cárcel de San Pedro. El 18 de diciembre de 2020 fue sentenciado a cinco años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. La pena la debe cumplir en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz. 

Aramayo fue el primer sentenciado dentro de este caso. Además, tiene otros 60 procesos en su contra, pero que se encuentran en investigación. Elvira Parra,  ex directora ejecutiva de Fondioc, se encuentra con detención preventiva en la cárcel de Miraflores.

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