“No queremos pasar de una situación de tráfico de vida silvestre a otra”, explicó Fabrizio Ortiz, abogado de la Gobernación de Santa Cruz, sobre las razones para insistir en que se entreguen los 185 colmillos de jaguar a una instancia “competente del Estado”, además de otros productos de 17 especies, como cueros, etc.

Según Ortiz, el Órgano Judicial no es competente porque está para administrar justicia, no para confiscar los colmillos.

“Pedimos al juez a cargo que se aplique la analogía de la Ley 1008, y que se quemen los colmillos y todo lo demás, o que pasen a un órgano estatal competente, como el Museo de Historia Natural, dependiente de la Uagrm y respaldado por el Ministerio de Medio Ambiente. Como nos rechazó, hicimos la apelación, y teóricamente en diez días debería definirse”, explicó Ortiz, que representó al Estado boliviano en el proceso judicial contra dos traficantes chinos, uno de ellos prófugo y la otra recluida en Palmasola, por deterioro y destrucción de los bienes del Estado.

En caso de que la apelación le dé un revés, Ortiz dice que interpondrá un amparo constitucional.

La versión de Ortiz es que el juez se agarró de dos parámetros para la negativa: primero, que “el chino está fugado”; y segundo, que quizás se haga una revisión extraordinaria de la pena, que es un recurso más que tiene la norma, y que por eso van a necesitarse los objetos materiales, “cosa que no tiene lógica”, aseveró.

El abogado también informó que la ciudadana china pidió salir de la cárcel, y que el juez le ha denegado, porque no hay suspensión condicional del proceso por delitos de medioambiente.

EL DEBER buscó al juez Juan Coronado, pero no respondió a las llamadas ni a los mensajes. Del mismo modo, contactó a la vocal de la sala penal primera, Gladys Alba, para conocer más detalles de la audiencia de apelación.

“Recién me entero cuando ya hay señalamiento de audiencia porque soy la que firma ese señalamiento, y no me ha llegado nada aún. A veces está sorteado, pero a veces no lo traen a la sala, aunque aparezca en el sistema como sorteado, tengo que verificar”, manifestó la autoridad judicial.

La preocupación de la Gobernación, además de activistas ambientalistas, es que las piezas se extravíen y después sean comercializadas, porque si bien la Constitución Política del Estado impide poner un precio a estas piezas, al considerarlas invaluables, el mercado negro sí les pone un monto, que va desde los dos mil hasta los cinco mil dólares por colmillo, dependiendo de la perfección y del tamaño, según el reportaje de EL DEBER, realizado por Roberto Navia, y premiado con el Premio Rey de España.

Estas piezas juntas, en su cotización más baja, podrían venderse por 370 mil dólares, e incluso alcanzar el millón de dólares multiplicando por cinco mil dólares, descontando las demás piezas del jaguar, como la piel, y hasta los testículos.

“Constitucionalmente no podemos hacer una cotización de los colmillos porque es un bien protegido invaluable, y si nos hubiéramos enfocado en un precio, perdíamos el proceso. El Viceministerio de Medio Ambiente presentó una cotización, que está en el juzgado, como constancia en el expediente”, informó.

En enero de este año, EL DEBER contactó al juez Coronado, quien mostró los colmillos, y en esa fecha aseguró que, una vez se compruebe la notificación a todas las partes procesales, entre ellos la Fiscalía, la Gobernación, el Viceministerio de Medio Ambiente y los acusados, resolvería el destino de las pruebas. De eso ya transcurrieron diez meses.

Precedente

Ortiz hace un análisis retrospectivo de todo el proceso judicial desarrollado en torno a los colmillos. “Es un saludo a la bandera la ley, hay mucha ignorancia en el tema, sumada a la crisis que vive el Órgano Judicial, y no lo digo solo yo. Existe desconocimiento de los delitos penales ambientales de parte de los defensores de los intereses de la sociedad. El caso colmillos marcó un hito en la justicia. Había precedentes, pero eran muy vagos. Sin presión mediática esto no hubiera llegado a nada”, concluyó.

El jurista dice que la Constitución Política del Estado prevé el tráfico de fauna silvestre, y que incluso lo denomina como traición a la patria, “entonces está suponiendo una pena prevista de 30 años, pero nuestra norma penal no se adapta a la realidad constitucional por el momento. Eso también fue un debate muy fuerte en el juicio, si realmente el delito cumplía todos los requerimientos. Al final se aplicó el delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado, que tiene un máximo de seis años”, indicó.

Yandery Kempff, responsable de la Dirección de Recursos Naturales (Direna) de la Gobernación, dice que el tráfico de vida silvestre es alarmante y que con el caso de los dos chinos solo se agarró la punta del ovillo.

Lamentó la falta de investigación de este delito, como competencia de la Policía y del Ministerio Público, porque con respecto al caso específico de los chinos, desapareció el principal traficante, ya que la mujer solo era cómplice, pareja del varón.

“Nos dimos cuenta de que se trataba de una red internacional, el chino habló de contactos en Argentina, hicimos un montón de solicitudes para investigar las llamadas y mensajes del chino y no se hizo nada. El otro punto es que el juzgado se niega a entregar la evidencia”, cuestionó Kempff.

Otra observación de la titular de Direna es que Santa Cruz solo tiene cuatro policías especializados en el tema, de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), “para un departamento del tamaño de Alemania. En el caso de los chinos, nosotros hicimos la investigación”, dijo.

Pofoma nunca les acepta la denuncia, dice, lo que obliga a hacerla directamente ante el Ministerio Público, y el fiscal tiene que apoyarse en investigadores de la Felcc de delitos patrimoniales. Pofoma debería asumir todo lo correspondiente a Medio Ambiente, es un área de la Policía creada para eso. Solo hay reacción cuando se arma un escándalo”, criticó Kempff.

Isabel Estívarez, abogada de Direna, observó además situaciones extrañas, como la llegada de la cónsul china de ese momento, casi a la par de los uniformados que realizaron el allanamiento del lugar donde se encontraron los colmillos y otras piezas, más la fuga del chino. “Al chino se le dio espacio para que salga del país porque hubo audiencia previa, se lo protegió”.

Del mismo modo, dice que los dos chinos, que vivían en una humilde pollería, tenían de asesor a un personaje mediático de un partido político, y que contaban con defensa jurídica penal de las más caras del país. “Esta es una red muy grande, hay una chifa involucrada, el dueño es uno de los capos, y un partido político”, lanzó.

Estívarez lamentó la forma en que se procesan los casos, según la influencia de la política. “Hubo un caso de una autoridad del MAS de Camiri, cazando un jaguar, lo rechazaron, luego el año pasado lo reabrieron, y seguramente lo van a cerrar”, dijo.

Kempff también observó que en el tráfico de vida silvestre se use a personas de grupos vulnerables para evadir la ley y las sanciones. Dice que los traficantes generalmente son mujeres, niños o ancianos.

“Y el verdadero traficante no aparece, y es ahí que salta que falla la investigación, que no nos compete. Muchas veces hemos hecho de investigadores y la entregamos, como en el caso de los colmillos, y así y todo no dieron curso a cosas, como la investigación de toda la red”, indicó.

Entre las secuelas de la falta de investigación de parte del Ministerio Público y de la Policía, Kempff explicó que no se sabe dónde se trafica, ni las estadísticas reales, ya que es algo oculto.

Jaguar en la orfandad

Yandery Kempff no ve la luz al final del túnel con respecto al bienestar del jaguar, dice que la corrupción es tan grande a todo nivel, que duda de un trabajo en contra del tráfico, “hay estudios internacionales que respaldan lo que digo, el tráfico silvestre está ligado al tráfico de drogas y de armas”, dijo una conservacionista que fue invitada a un curso internacional, por una organización de investigación de delitos como el narcotráfico.

Kempff dice que cuando investigan casos específicos de tráfico de animales silvestres, en San Matías, Puerto Quijarro y San Matías les informaron de gente que busca comprar piezas de jaguar.

“Por eso nos hemos enfocado en esas zonas, los sacan por tierra, donde nadie revisa. En Puerto Quijarro nos dijeron que los que buscaban las piezas eran chinos, pedían la piel y los colmillos”, dijo, pero también en la Chiquitania. “La gente local solo es acopiadora, por ejemplo el de la pollería era acopiador, el eslabón más bajo de la cadena”, sostuvo.

Estívarez lamentó que los municipios no asumen sus roles de denunciar e investigar el tráfico de vida silvestre, “creen que solo es competencia de la Gobernación y la primera autoridad que debe intervenir es el dueño de casa”, dijo. Kempff lamentó que en muchos casos los alcaldes son cazadores que nunca harán una denuncia.

Para la directora de Direna, el marco normativo es bonito, como para que la conservación pueda lograrse, pero que hay normas que no ayudan, como la Función Económica y Social (FES) de los predios, que invita a la deforestación y a dejar sin hogar a los jaguares.

“Es de espanto, ni siquiera se cumple el Plan de Uso del Suelo (PLUS). Si respetáramos la conectividad del monte y las áreas protegidas, tendríamos zonas razonables donde el jaguar pueda sobrevivir, caso contrario ataca al ganado, porque no tiene comida”, explica.

Red en defensa del jaguar

En febrero de este año se conformó la Red Nacional de Protección y Defensa del Jaguar, que conmemorará el Día Mundial del Jaguar el 29 de noviembre con actividades de sensibilización, como pintado de murales, la organización de un conversatorio y el lanzamiento de dos concursos a escala nacional dirigido a niños y jóvenes.

EL DEBER

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