PRIVADOS DE LIBERTAD ACCEDEN A CELULARES Y REALIZAN «LIVES» EN REDES SOCIALES

Prisoner Holding Cigarette Between Bars

Una grave denuncia ha reactivado las alarmas sobre el estado de seguridad y control en las cárceles del país, luego de revelarse que privados de libertad estarían realizando transmisiones en vivo a través de la red social TikTok desde el interior de recintos penitenciarios.

Según reportó la agencia El Relato, diferentes videos y capturas de pantalla circularon en grupos de Facebook, en los que se observa a reos interactuando libremente desde sus celdas, accediendo a internet y mostrando lo que parece ser una vida cotidiana con privilegios que contrastan con la narrativa oficial de control carcelario.

Una usuaria incluso aseguró que uno de los internos le solicitó su tarjeta de crédito en plena transmisión, lo que da indicios no solo de uso de celulares, sino también de posibles intentos de estafa digital desde la cárcel.

¿Privilegios pagados? La corrupción silenciosa al interior de los penales

La denuncia ha sido reforzada por comentarios de usuarios que aseguran conocer, de forma extraoficial, que algunos internos pagan por tener acceso a celulares y otros dispositivos electrónicos, lo cual pondría en evidencia una posible red de corrupción interna que permite la violación constante de las normas carcelarias.

Este tipo de irregularidades no son nuevas. Las requisas policiales periódicas en los centros penitenciarios han revelado con frecuencia la presencia de cargadores, celulares, tarjetas telefónicas, drogas y armas punzocortantes. Sin embargo, los esfuerzos parecen insuficientes, ya que el ingreso de estos objetos prohibidos se mantiene mediante mecanismos cada vez más ingeniosos, como el ocultamiento en prendas de vestir o alimentos introducidos por las visitas.

Silencio oficial: ni un solo pronunciamiento

Pese a la gravedad de la denuncia, ninguna autoridad policial se ha pronunciado hasta ahora, y se espera un informe oficial en las próximas horas. Este silencio no solo resulta preocupante, sino que mina la confianza ciudadana en la capacidad del sistema penitenciario para garantizar orden y equidad.

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