MINISTRA PRADA RESPONSABILIZA A CALVO Y CAMACHO DE VIOLENCIA GENERADA DURANTE EL PARO EN SANTA CRUZ

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, salió a exponer que durante los 20 días que lleva el paro indefinido se reportaron cuatro muertes y 178 personas heridas en diferentes situaciones. La autoridad responsabilizó de la violencia al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y al líder cívico Rómulo Calvo.
La autoridad sostuvo que las movilizaciones que se impulsan en el departamento cruceña van de la mano de un “discurso de odio fascista y racista”, haciendo un desglose de diferentes casos que fueron denunciados en redes sociales alegando que estos hechos no pueden quedar invisibilizados.
Prada no mencionó en su declaración al cerco organizado por organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo y hechos de violencia como la agresión a periodistas.
Instancias internacionales
La ministra anunció que contempla llevar los hechos que denunció a las instancias correspondientes en territorio nacional y que también se tocarán puertas en el exterior del país para hacer conocer los casos a los que hizo mención.
En las últimas semanas, Prada cumplió un rol de mediadora y convocó a dialogar a la institucionalidad cruceña para resolver el conflicto por el Censo, pero ahora apunta a quienes están en línea con el paro aduciendo que impulsan el odio, la discriminación, el hambre y el llanto.
“Esto no es Santa Cruz, esto no somos los cruceños y cruceñas. Esto no es lo que queremos heredar a nuestros hijos”, manifestó la titular de la cartera de la Presidencia, enfatizando que no se callarán este tipo de hechos y apuntó que este tipo de paro no deben darse en la región.
Prada agregó que el paro cívico es una pulseta de los líderes cruceños, pero la pulseta se la ha hecho al pueblo cruceño y no al Gobierno. “En esa pulseta han fracasado porque en lugar de generar mejores días para la gente, solo trajeron dolor y hambre al pueblo cruceño”, manifestó la autoridad.
También expuso que durante los días de movilización se generó un daño económico cercano a $us 720 millones, afirmando que esos costos son cargados sobre la población.
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