IMPUTAN A UN ARGENTINO POR BIOCIDIO DE JAGUARES
El ciudadano argentino Jorge Néstor Noya fue imputado por el Ministerio Público en Bolivia, sindicado por la presunta comisión de los delitos de biocidio y destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, dentro de una investigación por la supuesta muerte de cinco ejemplares de jaguar en una práctica de caza en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, una de las regiones con mayor biodiversidad del país.
La acción penal se originó a partir de una denuncia presentada por el defensor ambiental Marco Uzquiano Howard, a la que posteriormente se adhirió la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez.
El 30 de septiembre de 2023, cinco jaguares del área protegida San Matías, en Santa Cruz, fueron víctimas de una caza furtiva promovida por el club Caza & Zafari Argentina.
La denuncia proviene de diciembre de 2024 y la imputación se dio luego de más de un año y medio, en un contexto de mayor protección jurídica para el jaguar, después de que el Tribunal Agroambiental emitiera una resolución considerada histórica para la conservación de esta especie. Por primera vez, en marzo de 2025, la máxima instancia de esa jurisdicción admitió una Acción Ambiental Directa de Medida Cautelar Preventiva destinada a proteger al jaguar (Panthera onca) y su hábitat, estableciendo 12 medidas orientadas a su preservación y recuperación.
De acuerdo con información difundida por la Presidencia de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, entre las disposiciones adoptadas figura la elaboración de un Plan Nacional para la protección del jaguar, el fortalecimiento de las políticas de lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, la continuidad de acciones de resguardo ambiental en zonas críticas y la incorporación de contenidos relacionados con biodiversidad y cambio climático en el sistema educativo.
La resolución también sentó un precedente en favor de los defensores ambientales y de derechos humanos, al reconocer los riesgos que enfrentan quienes denuncian delitos vinculados al tráfico ilegal de vida silvestre y otras actividades que afectan al patrimonio natural.
Correo del Sur
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