EN ARGENTINA IMPUTAN A 11 PERSONAS POR CONTRABANDO MILLONARIO DESDE BOLIVIA A TRAVÉS DE UNA FINCA EN AGUAS BLANCAS

La Fiscalía Federal de Argentina formalizó una investigación penal contra 11 personas por un millonario contrabando de mercadería proveniente del Estado Plurinacional de Bolivia, que ingresaba ilegalmente al vecino país a través de un paso clandestino en la finca Karina, ubicada en la localidad fronteriza de Aguas Blancas, en la provincia argentina de Salta.

El fiscal federal Marcos Romero informó que los imputados quedaron en prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita y contrabando agravado, estimando que el movimiento ilegal de mercadería alcanzaba los 229 millones de pesos argentinos mensuales, con ganancias diarias superiores a los 3,5 millones de pesos, provenientes principalmente de cobros de peajes y otras actividades clandestinas.

La finca Karina, situada a solo dos kilómetros del límite urbano de Aguas Blancas y a la vera de la ruta nacional 50, contaba con un camino rural que conectaba con la margen argentina del río Bermejo, donde gomones cruzaban constantemente desde Bolivia para transportar mercadería de todo tipo, incluso vehículos. El fiscal explicó que, según las investigaciones, por día entraban alrededor de 300 vehículos que cruzaban bultos de contrabando.

Entre los imputados figuran los hermanos Cardozo, Gladis Salazar, José Suárez y otros; mientras que Alfredo Salazar, considerado uno de los principales responsables y residente en Bolivia, aún no fue detenido. La fiscalía también detalló que la finca estaba dividida en dos catastros, uno a nombre de Gladis Salazar y otro en proceso de sucesión, con litigios familiares en curso.

Las autoridades argentinas realizaron allanamientos el 4 de agosto, que incluyeron la clausura de la finca con custodia permanente de Gendarmería Nacional. Además, se ordenaron peritajes a teléfonos celulares y otras medidas probatorias para avanzar en la investigación.

Este caso pone en evidencia el paso irregular de mercadería desde Bolivia hacia Argentina a través de zonas fronterizas no oficiales, con un impacto económico millonario y una compleja red de organización criminal que involucra a ciudadanos de ambos países.