CONCEJAL DE TARIJA RAQUEL RAMOS DENUNCIA QUE LA ALCALDÍA BUSCA LEGALIZAR PLANIMETRÍAS SIN ÁREAS VERDES MEDIANTE NUEVA LEY

La concejal Raquel Ramos denunció públicamente que la Alcaldía de Tarija, pretende hacer aprobar una nueva ley que incorporaría dos decretos municipales cuestionados por algunos vecinos y técnicos. Según Ramos, estos decretos fueron utilizados en los últimos años para aprobar más de 40 planimetrías sin la revisión del Concejo Municipal y sin garantizar el porcentaje obligatorio de áreas verdes.

Ramos explicó que la Ley 268 vigente entre 2020 y 2021 fue creada para regularizar planimetrías en barrios. Sin embargo, los decretos emitidos posteriormente por el Ejecutivo municipal establecieron una tipología que permitió que ciertas planimetrías no pasen por el Concejo, lo que impidió supervisar si cumplían la normativa sobre áreas verdes, ya que son directamente registradas en Derechos Reales a través de la DOT.

“El gobierno municipal quiere que aprobemos una ley que solo busca legalizar lo que hicieron mal. No podemos elevar a rango de ley decretos que son competencia exclusiva de la Alcaldía”, sostuvo Ramos.

La concejal aseguró que fueron los propios vecinos quienes denunciaron que muchas de estas planimetrías no incluyen áreas verdes o no cumplen el porcentaje mínimo, lo que afectará seriamente la calidad de vida de los barrios.

Además, Ramos cuestionó que la Alcaldía argumente la necesidad de una nueva ley, recordando que el principio de ultraactividad permite concluir los procesos iniciados bajo la Ley 268, incluso si esta fue abrogada. Por ello, considera que el verdadero objetivo sería dar validez legal a las planimetrías aprobadas sin control mediante los decretos municipales.

“Durante cuatro años, los barrios para los que se creó la Ley 268 no fueron beneficiados. En cambio, se aprobaron otras planimetrías bajo la tipología uno, sin áreas verdes y sin pasar por el Concejo. Eso es lo que quieren legalizar ahora”, advirtió.

La concejal reiteró que el mayor daño recae en las zonas que esperaban regularización desde hace años, especialmente en los Distritos 7 y 9, y que ahora descubren que sus proyectos no avanzaron mientras otros fueron aprobados sin cumplir requisitos básicos.