CAMACHO SEGUIRÁ EN CHONCHOCORO, LA JUSTICIA DECLARA IMPROCEDENTE LA APELACIÓN A SU DETENCIÓN
Minutos después de las 15:00 de este jueves, la vocal de la Sala Penal Segunda de La Paz, Rosmery Pabón, ratifico la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho en el penal de Chonchocoro por cuatro meses.
La magistrada rechazó el pedido de “libertad pura y simple planteada” por la defensa de la autoridad cruceña. En su criterio, se mantienen los riesgos procesales.
La autoridad jurisdiccional resolvió de esa manera los planteamientos de la defensa y la parte acusadora en la audiencia de apelación que se instaló minutos antes de la 09:00 de este jueves.
La Palabra de Camacho
Minutos antes de la resolución, el gobernador Camacho se dirigió a la vocal y le dijo: “Espero que usted sea la excepción”, aunque luego dejó en manos de Dios su destino y recordó que en su momento podía abandonar el país, pero no lo hizo.
“Pude haberme ido, pero no me fui, ese no soy yo”, señaló Camacho tras evocar la “lucha histórica” de la que asegura fue parte en 2019.
Los abogados de la autoridad departamental cruceña, que siguió la audiencia virtual desde el penal de Chonchocoro, plantearon la libertad pura y simple de su defendido y que se desvirtúe el delito de terrorismo sobre el cual se sustenta el proceso.
Los argumentos que pusieron en mesa los juristas dan cuenta de supuestas “incongruencias” en la resolución, pero sobre todo cuestionaron el trabajo de la Fiscalía durante los dos años y dos meses que tiene el proceso y deslizaron “negligencia” de parte de esta instancia.
“Usted no puede suplir la negligencia de estos señores”, dijo el abogado Juan Carlos Camacho dirigiéndose a la vocal.
Luego afirmó que la Fiscalía “no quiere hacer la investigación por dilatar el proceso” y “mantener detenido” al gobernador cruceño.
En tanto, la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría reivindicaron los riesgos de fuga y obstaculización a la investigación y, en ese contexto, solicitaron la ampliación de la detención preventiva a seis meses, es decir, hasta junio de este año.
Todas estas instancias coincidieron en que el plazo de cuatro meses que se dictó la madrugada del 30 de diciembre no es suficiente para ejecutar las pesquisas.
Argumentaron por separado que las investigaciones deben ejecutarse en varias regiones y se deben convocar a varias personas vinculadas con el caso.
La Procuraduría por ejemplo citó al exministro Arturo Murillo, quien cumple una sentencia en Estados Unidos por lavado de dinero.
Por su lado, el abogado Víctor Nina, defensa de la denunciante Lidia Patty, argumentó que las pesquisas alcanzan a varias regiones
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