LA LEY DEL PERDONAZO TRIBUTARIO DUERME EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA HACE 40 DÍAS

El Gobierno informó que espera que la Asamblea Legislativa apruebe un anteproyecto de ley para el perdón tributario de los contribuyentes del Sistema Nacional de Impuestos (SIN). La medida busca reducir hasta un 90% las multas e intereses que tienen las empresas. Pero a 40 días de haber recibido la iniciativa, el Congreso todavía no debate su factibilidad.

La norma fue una propuesta de la presidente de Bolivia, Jeanine Áñez. Entre sus principales novedades contempla reducir la prescripción de deudas de ocho a cuatro años.

Esto evitará sanciones y multas drásticas a la que eran sujetos el universo de contribuyentes.

Además, la norma establece el perdón del mantenimiento de valor, las multas de lo adeudado, haciendo que las penalidades bajen a un 2%.

El ministro de Economía, José Luis Parada, informó que la norma será un complemento a las medidas económicas adoptadas por el Gobierno durante la emergencia sanitaria que vive el país por la presencia del coronavirus que paralizó todo tipo de actividad.

Ante esto, el Gobierno, para evitar que las compañías se queden sin liquidez, decidió postergar el pago de impuestos y de créditos.

“Tenemos en la Asamblea el proyecto de Ley del Perdonazo que podría ayudar a muchas empresas. Las deudas al fisco suman Bs 41.000 millones. El proyecto de ley establece cuatro años de prescripción y las multas se reducen en 90%”, señaló.

Sergio Villarroel Böhrt, viceministro de Política Tributaria, explicó que se enviaron cartas a la presidenta del Senado, Eva Copa, y que incluso desde el Poder Ejecutivo se reunieron con varios diputados para que se pueda agilizar la aprobación de esta norma, pero hasta la fecha la búsqueda de consenso no rinde frutos.

La autoridad dijo que existe un claro bloqueo político a la norma oficialista, ya que, pese a la emergencia sanitaria, el Legislativo se ha reunido para aprobar otras normas.

Desde hace varias semanas el sector empresarial pide medidas que ayuden a disminuir la carga que tienen las empresas formales, que pese a la cuarentena y la reducción de sus ingresos deben pagar sueldos y beneficios sociales. /El Deber

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