68 ORGANIZACIONES Y ACTIVISTAS CONDENAN VIOLACIÓN A UNA ADOLESCENTE QUE FUE DE VISITA A UNA CARCELETA DE MONTEAGUDO
Las organizaciones y redes de la sociedad civil expresan su indignación por la violencia sexual ejercida en contra de una adolescente de 14 años, en la carceleta del municipio de Monteagudo cuando visitaba a un interno, se presume que el agresor es un funcionario encargado de la administración del recinto. Demandan al Estado que garantice la protección de la joven.
“Las organizaciones y redes de la sociedad civil organizada de Bolivia y la región manifiestan indignación por los recientes hechos de conocimiento público suscitados en la carceleta de Monteagudo, donde una adolescente de 14 años que visitaba a un interno fue víctima de violencia sexual, perpetrada supuestamente por un funcionario encargado de la administración del recinto”, se pronunciaron a través de una carta pública.
El hecho sucedió en el mes de diciembre del año pasado, cuando la joven de 14 años de la comunidad guaraní de Aguayrenda visitó a un interno. Según la entrevista informativa a la víctima, la joven relató que J.S.C. abusó sexualmente de ella, cuando se retiraba luego de visitar a un recluso.
Demandaron al Estado que garantice de manera inmediata la protección de los derechos de la adolescente y al mismo tiempo, que otorgue garantías para que estos hechos no se repitan en el futuro.
“Exigimos se realice una investigación inmediata de los hechos, acorde a los estándares de la debida diligencia y la protección de los derechos de las víctimas, generando respuestas oportunas y medidas acordes a la garantía de no repetición”, se lee en el pronunciamiento.
Sin embargo, este no es el único caso de violencia y agresiones sexuales en recintos carcelarios que preocupa a las organizaciones de la sociedad civil, por lo tanto, no debieran ser tratados como hechos aislados, porque existen antecedentes de violencia sexual a internas de parte de personal policial en la celda de Rurrenabaque, Beni.
En este caso, que data de 2019, si bien se conoció de manera pública que los supuestos perpetradores fueron imputados penalmente por el Ministerio Público, se desconoce los resultados del proceso penal y aquellas medidas adoptadas para resarcir a la víctima.
Por otra parte, en el municipio de Azurduy, Chuquisaca, dos personas privadas de libertad aparentemente fueron víctimas de tortura a manos de servidores funcionarios policiales de acuerdo a denuncia emitida por el representante departamental de la Defensoría del Pueblo.
Las instituciones también solicitaron al Ministerio de Gobierno, Policía boliviana y Dirección de Régimen Penitenciario, impulsar medidas de formación y la adopción de protocolos para garantizar que las y los funcionarios responsables de las cárceles, carceletas y celdas policiales respeten y resguarden los derechos de las personas privadas de libertad. Asimismo, anunciaron su intención de “construir una veeduría ciudadana” respecto a la gestión y procesamiento de las denuncias.
Recordaron que el Estado ha ratificado convenciones vinculadas a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, por lo tanto, debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
Estas obligaciones también están en la legislación constitucional y a través de la Ley N° 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, así como la Ley N° 548 del Código Niña, Niño y Adolescente que establece el deber de precautelar el interés superior y otorga garantías reforzadas para el acceso a la justicia de esta población cuando sean víctimas de delitos.
Y es responsabilidad del Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana y la Dirección General del Régimen Penitenciario proteger los derechos de las personas que acuden a visitar a familiares o se encuentran privadas de libertad frente a abusos y agresiones de funcionarios bajo su dependencia, lo cual incluye velar porque cualquier funcionario responsable de la administración de los recintos carcelarios tenga formación en derechos humanos, una conducta ética, moral y psicológicamente apta para resguardar los derechos de esta población.
Por otra parte, el Estado también ha ratificado todas las convenciones contra la tortura en el sistema universal e interamericano de derechos humanos.
ANF
