GREMIOS DE PERIODISTAS DE TARIJA RECHAZAN DECRETO PROMULGADO POR AÑEZ, POR CONSIDERAR ATENTATORIO CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

A través de pronunciamientos públicos la federación, asociación y sindicato de trabajadores de la prensa en el departamento de Tarija rechazaron de forma contundente la disposición promulgada por la presidenta Añez, que sanciona penalmente la desinformación. El gremio enfatizó que el decreto atenta contra la libertad de expresión e información.

El directivo de la Federación Departamental de Trabajadores de la Prensa, Marcelo Morales, sostuvo que los periodistas se encuentran en primera línea frente la pandemia del COVID-19 ya que informan de fuentes confiables. El sector se declaró en alerta permanente para precautelar el derecho a la libertad de expresión y de información.

“Rechazamos el accionar del Gobierno Nacional con la promulgación de este decreto, entendemos que desde el Gobierno se quiere evitar la desinformación en este tiempo de emergencia sanitaria, pero no por ello vamos a permitir que se atente contra la libertad de expresión”, dijo Morales.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores de Radio, Televisión, Prensa Escrita y Digital, manifestó que a pesar de las aclaraciones vertidas por autoridades del nivel central al indicar que el decreto no tiene un alcance para este sector, existen dudas al respecto porque la normativa penaliza la desinformación.

“Pero como se valora si alguien informa o desinforma, bajo qué criterios se va evaluar y quien va evaluar (…). Actualmente ningún departamento cuenta con tribunales de imprenta constituidos en el país que puedan juzgar y aplicar la Ley de Imprenta en caso de que se cometa un delito dentro del periodismo “, dijo el representante del sector, Evert Cárdenas.

A su vez, la ejecutiva del Sindicato la Prensa de Cercado, Elizabeth Rendiz, reiteró que cualquier medida que limite la libertar de expresión por cualquier medio que sea, está atentando contra la declaración de derechos humanos. El Estado está vulnerando el derecho de la ciudadanía y en consecuencia afecta a los trabajadores de la prensa, manifestó la ejecutiva.