FRONTERA SUR: LAS RUTAS SIN CONTROL DEL CONTRABANDO
“No saques el celular que están armados”, dice en voz baja el hombre que hace las veces de guía, después de pasar un amplio portón de calamina, mientras su mirada se dirige a los cinco tipos que están en ronda a escasos metros, charlando, mirando, pero especialmente…vigilando.
Este es uno de los 120 pasos ilegales identificados a lo largo de las fronteras bolivianas. En el sur del país hay más de 50 y se encuentran por la quebrada Internacional que separa a Bolivia de Argentina. De un lado está la población de Pocitos, en el municipio boliviano de Yacuiba, mientras que a tan solo unos metros, el poblado argentino de Salvador Mazza en la provincia argentina de Salta.
La vegetación bordea el sendero por donde pasan a diario miles de personas de forma ilegal, en un camino totalmente transitable. Un vigilante con gorra y camiseta roja mira con atención a cada uno de los peatones. Ahí está prohibido sacar el teléfono celular o una cámara. Su tarea es evitar que quede algún registro que pueda comprometer su actividad. Para ello, no dudan en pedir el celular a los peatones.
El hombre se encuentra a mitad del camino, al borde de la quebrada, llevando un arma de fuego guardada en la cintura, aunque levemente visible para el caminante.
El sendero lleva por la quebrada hasta la puerta trasera de un domicilio, que siempre está abierta dando paso a un patio donde aún se ve colgada la ropa en el tendedero. Hay dos perros durmiendo sobre cartones y una mesa cerca al baño. La casa es como cualquier otra, pero con la particularidad de que por ella pasan miles de personas.
Estos domicilios son conocidos como casas binacionales, debido a su estratégica posición para transitar de un país a otro. En la mesa están los dos dueños, quienes cobran el derecho de paso a los improvisados viajeros. “37 pesos”, dicen al alargar la mano. El monto equivale a 2 bolivianos o 0,28 dólares. Se puede pagar en moneda boliviana o argentina, lo importante para ellos es cobrar.
Los dueños de casa solo se encargan de la lucrativa recaudación, considerando que pasan hasta 500 personas al día, pueden recaudar alrededor de 1000 bolivianos o 143,68 dólares, pero hay todo un equipo de centinelas que hace un control en cada uno de estos pasos.
Del lado argentino, a escasos metros de la casa y en una calle llena de galpones, se encuentra la oficina policial de Salvador Mazza, donde sus oficiales son testigos del movimiento ilegal, sin decir ni hacer nada. A lado, unos hombres descargan productos que ingresan por contrabando a Bolivia. Al frente, ocurre lo mismo con otro camión. El silencio se hace cómplice.
Situación similar ocurre en la misma frontera, pero en los límites del río Bermejo, a 194 kilómetros de Pocitos aproximadamente.
“Nosotros no tenemos un día normal, no dependemos de un horario, dependemos de una demanda de clientela y de un producto”, responde “El Diablo”, uno de los transportistas de mercadería que cruza ilegalmente por el río Bermejo.
El “Diablo” encabeza una de las asociaciones que transporta mercadería por medio de los denominados “gomones”, es decir grandes gomas de neumático que sirven como botes de carga.
El argumento del “Diablo” es que del lado boliviano no hay industrias, pero sí la necesidad de satisfacer el consumo de la población. Dice que trabaja independiente y que es parte de una asociación que espera sacar su personería jurídica.
Se muestra expectante tras haber sostenido reuniones con representantes del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. “Ya tenemos la documentación adelantada”, agrega sobre el trámite para legalizar su organización, que cuenta con 40 socios.
El acuerdo es que estas asociaciones dejen de utilizar las gomas como vehículo de transporte y las cambien por botes que cumplan las condiciones mínimas de seguridad, aunque llamativamente no establece ningún tipo de prohibición para el tráfico de productos de contrabando.
Como en Salvador Mazza, la mercadería ilegal pasa por el río Bermejo sobre las gomas a simple vista del puente internacional donde se encuentran las oficinas fronterizas de ambos países.
En la otra orilla está Ángel C., quien también encabeza una asociación de transporte fluvial, que lleva personas y mercadería desde Bermejo del lado boliviano hacia el argentino. Su organización tiene 45 socios y también espera obtener la personería jurídica.
Ángel argumenta que en el municipio de Bermejo, entre un 70 a 80% de la población vive del comercio informal. Recuerda que su hijo trabajaba en la zafra azucarera, pero que la crisis de esta industria en la región dejó a cientos de personas sin trabajo, entre ellas a su familia. “Esta es la situación que lleva a mucha gente a arriesgarse”.
“Esa gente es abandonada por nuestras autoridades, no se les da nada, entonces, no nos queda otro camino más que recurrir al trabajo este que lo tenemos a mano, porque es una frontera”, complementa. No tiene un horario fijo, depende de los “clientes”, dice, aunque generalmente hace el transporte de productos entre las 6.00 y las 15.00.
Ambos transportistas pusieron como ejemplo la planta procesadora de cítricos de Bermejo, la cual fue construida el año 2012, demandó una inversión estatal de 76 millones de bolivianos, equivalentes a casi 11 millones de dólares, y hasta la fecha no entró en funcionamiento. “No hay industria ni trabajo, todo está frenado”, indica uno de ellos.
Para la activista Clemencia Romero el microcontrabando se ha convertido en una forma de subsistencia en esta región ante la falta de incentivos para los diferentes rubros de la economía, pese a que la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija ha sido una de las más beneficiadas con el boom de los hidrocarburos desde el año 2006 a la fecha.
“De esa plata nadie sabe cuál ha sido el destino, las autoridades la administran, pero el comercio es lo que mantiene a Yacuiba”. Romero indica en cada familia de Yacuiba, “por lo menos hay un comerciante que se dedica a la venta de contrabando”.
Las calles de Bermejo y Yacuiba, en el sureño departamento de Tarija, están colmadas por el comercio informal. Toldos, maniquíes y cajas de cerveza, están al paso del peatón por las veredas; la mayoría cubiertas del sol por nylon o plástico azul que evite el desgaste de los productos.
Según Migraciones de Bolivia, el flujo migratorio regular que pasa por Bermejo de manera legal, es de 3.500 personas por día. Se considera que un número similar o mayor de personas, usa los pasos ilegales.
El paso migratorio legal suele elevarse por encima de los 100 bolivianos, unos 14,37 dólares, para cumplir con los diferentes trámites. Si una persona pasará en vehículo, el costo sube dependiendo el tipo y cargamento que lleva, además, el trámite es más moroso.
20 piscinas olímpicas llenas de bebidas de contrabando
Un estudio realizado en 2019 por Euromonitor International señala que en Bolivia se consume anualmente 669.664,1 hectolitros en bebidas alcohólicas ilegales, lo que representa un volumen cercano a 20 piscinas olímpicas llenas. Para obtener el dato se toma en cuenta que una piscina olímpica mide 50 metros de largo, 25 de ancho y tiene 2,7 de profundidad.
Del mercado ilegal de bebidas alcohólicas de Bolivia, el 68,6% proviene del contrabando. De ese total, la cerveza representa el 77,9%.
El contrabando, además de significar cuantiosas pérdidas para la industria boliviana, representa una caída importante en recaudaciones para el Estado. De acuerdo a un estudio realizado por la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), solo el sector de alimentos y bebidas genera pérdidas que alcanzan los 551 millones de dólares. El impacto en el producto interno bruto (PIB) es del 3,5%.“Además hay una evasión fiscal de al menos 150 millones de dólares”, explica Ían Miranda y agrega, que el impacto fiscal directo ronda los 359 millones de dólares.
El contrabando también se ha convertido en una amenaza para el empleo en el país, poniendo en riesgo 125 mil puestos de trabajo en el territorio nacional. Esta situación se ha empezado a sentir en las zonas productoras del país como Tarija, que concentra el 75% de los cultivos de vid a nivel nacional.
“El sector genera alrededor de 5000 empleos directos y permanentes tanto en bodega como en campo; sin embargo, son cerca de 3000 o 3500 familias que se benefician del cultivo”, detalla el gerente de ANIV, Fernando Galarza Castellanos.
Pese a la importancia de este cultivo para la economía de la región, Fernando explica que “muchos” productores empezaron a sustituir el cultivo de vid por otros, ante la baja en la demanda de uva a causa del contrabando y la pandemia.
Según describe el representante del sector vitivinícola, si bien Bolivia tiene una capacidad de producir 28 millones de litros de vino, en los últimos años solo fueron 15 millones, generando que la demanda de uva se “estanque” y afecte de manera directa a los productores, con una “producción 30% menos que en años anteriores”.
Ante la baja en la demanda, el precio de la uva también cayó, traduciéndose en el batacazo final para los productores, quienes pasaron de vender la caja de uva entre 29 y 36 dólares cada una, a 6 dólares en la última gestión.
En el sector vitivinícola, el contrabando ha copado el 40% del mercado, lo que significa que 4 de cada 10 botellas de vino que se compran en el país, son de procedencia ilegal.
La devaluación de la moneda en Argentina y la competitividad que genera la producción de vinos a gran escala en Chile, son dos factores que inciden en el contrabando de vino desde los vecinos países, afectando a la producción nacional.
Por otro lado, cerveza se ha convertido en el producto por excelencia del contrabando, representando el 50% del mercado ilegal de bebidas alcohólicas, según un estudio realizado por Euromonitor Internacional en 2019. Así, el contrabando de esta bebida ha generado pérdidas equivalentes a 72 millones de dólares para el sector y por ende, para el país.
Por su parte el factor impositivo juega un papel importante en el precio de este, como en otros productos, impidiendo su competitividad frente a las cervezas de contrabando, cuyos precios oscilan entre los 5 y 6 bolivianos, equivalentes a 0,71 y 0,86 dólares.
En Bolivia, los impuestos que debe pagar una cerveza de litro de 10 bolivianos (1,44 dólares), equivalen a 5,082 bolivianos o 0,73 dólares. Es decir, más del 50% del valor del producto, está destinado a cubrir el impuesto al consumo específico (ICE), Impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto a la transferencia (IT).
Esos 10 bolivianos, contemplan 0,10 que están destinados al Proleche, un fondo de apoyo al complejo productivo lácteo. Según la ley 204, del 15 de diciembre de 2011, el aporte de las empresas cerveceras debía ser por un periodo de ocho años, pero fue ampliado por cinco años más.
Si la cerveza boliviana no pagara impuestos, como sucede con la cerveza de contrabando, su precio de venta podría ser de 4.92 bolivianos o 0,71 dólares, siendo igual o más competitiva que esta última.
La harina también es ampliamente contrabandeada desde Argentina. Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior-IBCE, las importaciones de harina en la gestión 2021 fueron de 266.241.538 kilogramos, equivalentes a 5,3 millones de bolsas de harina de 50 kilos, por lo que el contrabando cubriría las 1,7 millones de bolsas faltantes para satisfacer la demanda nacional. Es decir, al menos el 17% del mercado.
Al margen de su procedencia ilegal, estos productos atentan contra las normas bolivianas y la salud pública, ya que la mayoría poseen bromato, un compuesto prohibido en este insumo por las normativas nacionales.
Pero el impacto en el empleo también es significativo. Según explica Juan Torrez Muriel, gerente de la Asociación de Industriales Molineros, el sector genera más mil empleos directos, aunque la cadena tiene mayor relevancia si se tiene en cuenta el transporte, intermediarios, vendedores y equipos comerciales, entre otros.
Aunque Juan Torres explica que el rubro atraviesa dificultades desde “hace varios años” debido a las harinas subvencionadas que produce el país, el panorama se puso más difícil a causa del contrabando y la suba en el precio del trigo por la guerra en Ucrania, el mayor productor de ese producto a nivel mundial.
Si bien Bolivia produce trigo, el país solo satisface el 30% de la demanda interna, por lo que el resto debe ser importado de Argentina, al precio internacional. Esta realidad ha provocado que el sector se encuentre al 29% de su capacidad, produciendo únicamente 3 millones, de los 10 millones de sacos de harina que necesita el país para satisfacer su demanda interna. El contrabando, es una de las vías por las que se suple el faltante.
“No sabemos en qué condiciones ingresa al país o si cumple las normas y condiciones higiénicas”, lamenta Juan Torrez.
Precios de feria
Los precios están por debajo de los productos nacionales. Por ejemplo, un vino de alta gama boliviano está por encima de los 200 bolivianos (28,7 dólares), mientras que un argentino que ingresa por contrabando llega a 125 bolivianos (17,9 dólares).
En el caso de las cervezas, las de procedencia argentina se encuentran a 6,83 bolivianos (0,98842 dólares), mientras que las bolivianas llegan a un valor de 9 bolivianos la unidad (1,3025 dólar).
Con la harina la diferencia también es importante. La que llega por contrabando desde Argentina tiene un costo de 130 bolivianos (18,67 dólares) el quintal, mientras que la nacional tiene un precio cercano a los 200 bolivianos (28,7 dólares).
Un informe de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas Cerveceras indica que en el caso de las cervezas y gaseosas los precios del contrabando son 30% más baratos que los productos locales.
Vinos argentinos de alta gama como Mosquita Muerta, que han recibido diferentes premios internacionales, se encuentran en ferias callejeras y licorerías a precio de “mosquita muerta”, como refiere su nombre. Este tipo de vinos puede hallarse hasta en 100 bolivianos, un equivalente a 15 dólares aproximadamente.
Claribel Vilte Quiroga, quien es propietaria de Bodegas Vilte, una de las empresas vitivinícolas del sur del país relata que hace unos cuatro a cinco años se tenía mercado en municipios como Villazón, pero que ahora ya no se vende un solo vino boliviano en esas zonas. “Incluso encuentras vinos de cartón a 3 bolivianos, con eso ya es imposible competir en precios”, dice.
Claribel quien también es presidenta de Bodegas Unidas de Uriondo dice que este sector se encuentra en “emergencia”, pues se está dando un cambio en la matriz productiva, debido al contrabando no solo de vinos, sino también de uva, procedente de Argentina, Chile y Perú.
Parte de los productores del Valle Central de Tarija, la principal zona productora de vid de Bolivia, están empezando a optar por la plantación de papa y tomate ante el masivo contrabando de uva que redujo el costo de este producto.
Uno de estos casos lo expone Jenny Justiniano, parte de una familia productora de vid, la cual ha determinado vender su propiedad. “Hace más de diez años entregamos la producción a –bodegas- Kohlberg y tenemos un socio con el que trabajamos a medias, pues se hace bastante inversión para mantener la viña; son muchos días, horas de trabajo… antes de la pandemia sí valía la pena toda esta inversión”, describe.
Las bodegas no solo están pagando menos por el quintal de uva, sino que algunas ya ni siquiera les recibieron el producto este 2022. “Este año directamente nos rechazaron-las bodegas-, argumentando que no tenían recursos ni dinero para pagar, porque el contrabando había entrado a una fase crítica”. La situación fue tan difícil que decidieron regalar su producción a las bodegas para que esta no quede botada.
Los productores del Valle Central critican que las autoridades de la Alcaldía de Tarija, capital del sureño departamento, hablan a diario del fomento a la industria local como al turismo, pero es esta misma instancia que no hace controles y permite ferias de contrabando en la ciudad. Incluso, productos argentinos sin registro del Senasag se pueden encontrar en licorerías y supermercados de esta capital.
28 mil hectáreas en manos del crimen organizado
Con centinelas, rutas clandestinas, hombres armados y un complejo mecanismo para mover la mercancía, el contrabando se mueve “a sus anchas” en la frontera con Argentina.
Pero la mayor parte del contrabando no fluye a través de los gomones como los que opera El Diablo, ni en senderos disfrazados con casas de baño en la frontera, sino a través de mayoristas que operan desde el exterior, pero que tienen contactos en Bolivia, quienes facilitan documentación falsa para pasar las fronteras o les alertan de “puntos ciegos” en el paso.
Una vez en el país, el producto es llevado a mayoristas legales, ilegales o bodegas clandestinas, desde donde son distribuidos a minoristas y finalmente llegan al consumidor final.
“Entra por todas partes, por bagallaje (comercio informal), por pequeños contrabandistas y también en camiones con ingentes cantidades, el contrabando es como un cartel, está creciendo, está organizado… mueve mucha plata”, asegura Fernando Galarza Castellanos, quien es gerente de la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV).
Según un comunicado de la Aduana del 23 de mayo de 2022, reporta que en lo que va del año hay cuatro personas fallecidas como resultado de la lucha contra el contrabando. Dos suboficiales que participaban de una redada contra el contrabando en la zona alta del departamento de Tarija fallecieron el 22 de mayo.
Los informes de la Aduana, entre 2021 y 2022 indican que cinco funcionarios fallecieron en la lucha contra el contrabando combatiendo ante bandas armadas que actúan contra la ley. Además, hay más de 10 personas heridas y un daño estimado de 46 millones de bolivianos o 6.6 millones de dólares.
Los propios funcionarios del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), reconocen que falta personal y apoyo de otras instituciones para ingresar a estos lugares.
“En cada acción que hacemos hay repercusiones de los dueños de la mercadería que agreden físicamente, verbalmente y con amenazas a nuestro personal”, expresa Gilberto Alvarado Palacios, responsable departamental de Inocuidad Alimentaria del Senasag Tarija.
Verdad con Tinta y CONNECTAS accedieron a dos causas judiciales en Argentina que derivaron en 2020 en el decomiso de 28.000 hectáreas que se encuentran en la provincia Salta en la frontera sur de Bolivia, a la altura del municipio de Yacuiba. Según indica el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, estos terrenos eran utilizados para el tráfico de 4.000 kilos de cocaína por mes, además de diferentes productos de contrabando.
Los terrenos pertenecían a Reinaldo Delfín Castedo, considerado como el narcotraficante más poderoso de Argentina, que es apodado como el “Patrón del Norte”, quien, mediante la compra sistemática de terrenos junto a sus hermanos y otros familiares, según el expediente judicial, pretende tener el control total de la frontera sur de Bolivia. El caso salió a la luz tras el asesinato de Liliana Ledesma en septiembre de 2006, una mujer que se había negado a vender sus terrenos en Salvador Mazza al supuesto clan, señala el fallo de la Cámara en lo Criminal de Orán-Argentina.
Los terrenos identificados son las fincas El Pajeal y El Aybal ubicadas en la frontera entre Argentina y Bolivia, los que fueron embargados por el delito de lavado de activos. En la misma causa se indica que el “clan Castedo” tiene conexiones y propiedades en Bolivia.
Reinaldo Castedo se encuentra preso en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza de la provincia de Buenos Aires, pero según las investigaciones judiciales de ese país, sigue operando desde ahí.
La Universidad de Buenos Aires (UBA), que se benefició con estos terrenos, ha denunciado en junio de este 2022 que se identificaron actividades ilegales de tala en el lugar para abrir nuevos caminos a favor del contrabando.
Flotas “fantasma”
Los transportistas en Yacuiba han identificado grandes buses que viajan sin pasajeros con destino a Santa Cruz, que no salen de la terminal de buses, ni cumplen con los procedimientos de control y que van cargadas de productos de contrabando, a los que llaman “flotas fantasmas”.
“Estamos siendo avasallados por las flotas clandestinas que hacen el servicio de pasajeros y cargan sin control alguno”, dice un pronunciamiento público del 18 de marzo de 2022 de los trabajadores de la terminal de buses de Yacuiba.
“A ellos nadie les controla, pero sí a las flotas que van con pasajeros”, reclama la activista y periodista yacuibeña Clemencia Romero, quien incluso subió un video de cómo personal aduanero hace los decomisos de productos en las diferentes trancas en la carretera Yacuiba-Santa Cruz a personas que llevan “pequeñas cantidades” de productos.
“Son instituciones de asalto contra el microcontrabando”, dice con respecto a los controles a los que apoda como “aduanillas”.
La denuncia refiere que flotas con nombres de empresas que no existen o no están registradas, usan la feria callejera de productos de contrabando denominada “Feria Argentina” como una parada clandestina, lugar del cual salen cargadas únicamente de productos de contrabando y no de pasajeros. “Todo mundo lo sabe, pero nadie hace nada”, agrega Clemencia.
En la feria mañanera de Yacuiba o “Feria Argentina”, ubicada en el barrio Héroes del Chaco, se encuentran productos argentinos en oferta y galpones con cientos de cajas listas para ser embaladas. En mayor cantidad se halla: vinos, cervezas y gaseosas.
Los transportistas entregaron a Verdad con Tinta el manifiesto público, donde se formaliza este reclamo. Flotas con nombre como “La Querida”, salen con destino a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con cargamentos de contrabando, denuncia Clemencia.
“Operan desde diferentes garajes de la feria mañanera”, indica el documento presentado por los transportistas de Yacuiba.
En las calles adyacentes de esta feria, también se encontraron flotas estacionadas dentro de amplios patios de tierra, a las que cargaban cajas de productos. Esta tarea se repite tanto en la mañana como en la noche.
Un recorrido nocturno también evidenció flotas estacionadas a orillas de la quebrada internacional cargando cajas de productos. Posteriormente, los vehículos salían con dirección a la carretera nacional, rumbo a Campo Pajoso, que conecta con la ciudad de Santa Cruz, la más poblada del país.
Una de estas flotas llevaba el nombre de La Rioja. Curiosamente, entre sus destinos ofertados no figuraba Yacuiba. En el mismo recorrido se encontró otra flota de la empresa Trans Carrasco estacionada en la citada feria, al igual que el anterior bus no tenía pasajeros, pero cargaban cajas en su depósito.
Trans Carrasco sí está dentro de los operadores regulados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), pero no así La Rioja, según se pudo verificar en la lista publicada por esta institución estatal.
En los barrios Nuevo y África, en la localidad fronteriza de Pocitos, se encontraron camiones donde cargaban productos de contrabando a orillas de la quebrada internacional. En estos lugares, se volvió a identificar a los “centinelas” y en ninguna se evidenció control policial.
El rol del Estado
Si bien son más frecuentes las noticias sobre incautaciones de productos para contrabando con un rol más activo del Estado, el gerente de Asociación Nacional de Industrias Vitivinícolas-ANIV, Fernando Galarza, asegura que se trata solo de la punta de un iceberg.
Y es que la problemática es tan compleja, que Bolivia es el único país de la región que ha creado un viceministerio que se dedica de manera exclusiva en atender los asuntos relacionados al contrabando: el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando.
A lo largo de sus 7000 kilómetros de frontera en Bolivia el contrabando entra en mochilas, carretillas, autos, lanchas improvisadas, camiones y flotas. Pese a que los volúmenes son importantes, pasan cual fantasmas por los puntos de control, sin ser percibidos o, al menos, sin ser interrumpidos.
Si bien el Senasag Tarija decomisó 176.915 kilogramos de productos de contrabando entre el 1 de enero y el 20 de junio de 2022, entre los que figuran carne, cerveza, embutidos, maíz y pescado, lo cierto es que desde la propia entidad reconocen que este rebasa su capacidad de respuesta.
“Como Senasag tenemos limitaciones en la parte técnica y los controles que se hacen en ciudad como en centros de expendio son competencia de los municipios con la intendencia y odecos (oficinas del consumidor)”. “El Senasag ayuda y acompaña en los operativos”, argumenta Gilberto Alvarado.
Los controles del Senasag se limitan a los puntos de control que establecen en las zonas fronterizas, caminos intermedios y recintos aduaneros, donde su personal hace verificaciones de la mercadería que pasa e inspecciona las importaciones legales, aunque el contrabando suele evitar las carreteras troncales donde se encuentran estos controles.
Fernando Galarza explica que el sector privado de los vinos en Tarija propuso al Gobierno nacional instalar cámaras de video vigilancia que contribuyan al control en las rutas provenientes de las fronteras del sur del país, pero hasta la fecha no han recibido respuesta de las autoridades.
El representante del sector dice que el contrabando mueve suficiente dinero como para “comprar voluntades” a lo largo del camino.
Para Ían Miranda, jefe de insvestigación sectorial de la Cámara de Industria y Comercio – Cainco, el Estado debe trabajar en políticas que favorezcan al empresario o comerciante formal, como reducciones en los impuestos que fomenten mayor competitividad.
Las pesadas cargas laborales e impositivas en el país, se han convertido en una suerte de licencia que justifica el contrabando, en detrimento de los emprendedores y empresarios nacionales que generan empleo legal en el país.
Ante esta realidad, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) ha recomendado a las autoridades tres líneas de acción para frenar el contrabando: la aplicación estricta de la Ley de Aduanas y el fortalecimiento de la Aduana Nacional, facilitación de la importación y campañas de educación ciudadana, haciendo ver que el “contrabando no paga”.
Permisividad y complicidad del Estado
Lo curioso es que en la feria mañanera de Yacuiba, donde solo son ofertados productos de contrabando e incluso se detectaron actividades ilegales, el Gobierno Regional del Gran Chaco le otorgó el año 2021 a sus administradores la personería jurídica que avala su funcionamiento.
“A cambio, los que producimos en la región no solo debemos pagar altos costos para obtener los permisos, sino que son procesos altamente burocráticos”, agrega Clemencia Romero, quien produce mermeladas con su familia.
La familia Romero cuenta que el proceso de legalización de un producto nacional le cuesta al pequeño productor mil dólares, además que es “altamente burocrático”. “Debes ir hasta la ciudad de Tarija a hacer el trámite, que no sale en un día”, critica. La productora dice que no existen los suficientes incentivos.
Según el informe Doing Business, elaborado por el Banco Mundial de manera anual desde 2004, Bolivia se encuentra entre los cuatro países sudamericanos en los que resulta más caro abrir una empresa, con un costo promedio de 8999 bolivianos equivalentes a 1293 dólares.
Pero esta complicidad también se ve reflejada en el otro lado de la vereda, en Argentina, donde frente a las “casas subnacionales” había un puesto policial del que no solo se puede ver cómo cruzan las personas de forma ilegal, sino también cómo pasa el contrabando.
La Aduana Nacional en una conferencia de prensa realizada el 12 de julio en Tarija anunció el incremento de controles en la frontera sur del país en los puestos de Bermejo, Villa Montes, Villazón y Yacuiba.
La presidenta de la Aduana Karina Serrudo Miranda afirmó que se envió un contingente de 500 efectivos militares, 100 técnicos aduaneros, 50 vehículos, drones y cámaras corporales para la video vigilancia en estos puestos fronterizos.
“No vamos a desfallecer en esta lucha, no vamos a permitir que estos clanes de contrabandistas y de crimen organizado se enriquezcan de manera ilegal; no vamos a dejar que el contrabando ingrese en nuestros mercados”, declaró la presidenta de esta institución a manera de discurso.
La Aduana Nacional ha comisado en la última gestión mercancía de contrabando valuada en 530 millones de bolivianos o 76 millones de dólares.
Verdad con Tinta realizó dos solicitudes de información formal a la Aduana Nacional sobre el número de productos decomisados, puntos de control y personal asignado, pero no se tuvo respuesta hasta la publicación de este reportaje.
Expertos en economía coinciden en que la lucha contra el contrabando no se gana solamente con poner militares en las fronteras, sino con un cambio del modelo económico que tiene hace diez años el país.
“Resulta de una política pública de mantener el tipo de cambio nominal fijo y el tipo de cambio real apreciado que ha optado el gobierno hace muchos años porque las importaciones legales e ilegales son la esencia del actual modelo económico, que se vuelve rentista”, explica el economista Gonzalo Chávez Álvarez.
“Supongamos que se controla el contrabando, vas a generar un desempleo gigantesco”, acota Gonzalo Chávez, al tomar en cuenta que más del 90% del empleo en el sector comercial de Bolivia viene de la informalidad, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La solución para el economista está en apoyar al sector productivo, recuperar las exportaciones en productos no convencionales o industrializados, generar una mayor espalda de divisas y de dólares y en el largo plazo, “volver a la flotación del tipo de cambio”.
El contrabando ha invadido las principales ciudades del país, sin que las intendencias hagan un control efectivo, poniendo en jaque a la industria nacional. En el sur no solo aumentan los pasos ilegales, sino también las armas.
VERDAD CON TINTA
