YPFB RESPALDÓ INFORME DE FIRMA ARGENTINA SOBRE CALIDAD DEL COMBUSTIBLE Y CUATRO DÍAS DESPUÉS NEGÓ SU CONTRATACIÓN

Dos versiones emitidas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el lapso de cuatro días pusieron en el centro del debate a la empresa argentina Camin Cargo Control Argentina, en medio de la controversia por la presunta comercialización de combustible de mala calidad.

El 2 de febrero, cuando comenzaban a intensificarse las denuncias sobre la venta de carburantes presuntamente defectuosos, autoridades del Gobierno aseguraban que no existía tal problema. Ese día, el gerente de Productos Derivados e Industrialización de YPFB, Carlos Cuéllar, afirmó —según una nota de prensa de la estatal— que, “tras un análisis completo de muestras de Gasolina Especial Plus (GE+), la firma inspectora Camin Cargo Control Argentina certificó que el producto comercializado está dentro de las especificaciones de calidad requerida”.

“YPFB reafirma ante la opinión pública que la Gasolina Especial Plus que se comercializa en el país cumple plenamente con los estándares de calidad, tras ser certificada por esta inspectora internacional en su laboratorio acreditado bajo normas internacionales. La verificación se realizó luego de muestreos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, como respuesta directa a las inquietudes ciudadanas, demostrando una actuación inmediata y transparente de la estatal petrolera”, señalaba Cuéllar.

Ese fue el primer momento en que se mencionó públicamente a la empresa argentina, sin mayores detalles sobre su eventual contratación.

Sin embargo, el 6 de febrero, la red DTV difundió documentos de una Comisión de Calificación de Propuestas de YPFB en los que figura Camin Cargo Control Argentina como parte de una licitación lanzada para el servicio de inspección. Según la televisora, la firma presentó la mejor propuesta frente a otra ofertante y habría sido contratada de forma directa por más de 8,8 millones de bolivianos. El informe de la comisión tiene como fecha de recepción el 29 de diciembre de 2025.

Ese mismo 6 de febrero, YPFB emitió un comunicado en el que negó la contratación de la empresa externa, aunque admitió haber lanzado la licitación PAC5989 para la inspección de calidad de los combustibles importados para la gestión 2026, proceso que —según la estatal— fue anulado por observaciones técnicas en las ofertas.

“La Estatal Petrolera cuenta además con el servicio de inspección de calidad de hidrocarburos importados a cargo de YPFB Refinación, lo que permite garantizar la operatividad y cumplimiento de requisitos de calidad”, sostuvo la empresa, pese a que días antes había respaldado la calidad del producto con un informe de una firma externa.

Un día después, DTV informó sobre un documento de anulación del proceso de selección del servicio de inspección de calidad y cantidad que había sido revelado previamente.

En paralelo, el 3 de febrero, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli; el presidente de YPFB, Yussef Akly; y la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, admitieron que se distribuyó combustible de mala calidad, tal como denunciaban sectores del transporte.

Ante este escenario, el analista Jaime Dunn señaló que no hubo controles adecuados y que el Gobierno debe asumir responsabilidad por lo ocurrido. Además, cuestionó que el Estado actúe como juez y parte al importar y al mismo tiempo controlar la calidad de los combustibles.

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