TODAVÍA NO HAY ACUERDOS EN EL CONFLICTO COB-GOBIERNO: SIGUEN LAS MEDIDAS DE PRESIÓN, PERO EL EJECUTIVO HABLA DE AVANCE POSITIVO

Tras una de las jornadas más intensas desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5503, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) ingresaron la noche del martes en un “cuarto intermedio” luego de al menos diez horas de negociación, cabildeo político y consultas internas. El anuncio fue realizado cerca de las 22:00 por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien encabezó la delegación gubernamental junto a los ministros Marco Antonio Oviedo (Gobierno), Mauricio Zamora (Obras Públicas) y José Gabriel Espinoza (Economía).

El avance en el diálogo se produjo tras la liberación de casi una veintena de mineros que habían sido arrestados durante los hechos de violencia registrados en La Paz, entre ellos un grupo de mujeres, lo que contribuyó a distender parcialmente un clima marcado por bloqueos, marchas y enfrentamientos.

El máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, se incorporó a la mesa de diálogo durante la mañana, en un contexto de al menos 20 puntos de bloqueo en distintas carreteras del país. Sin embargo, el líder sindical se retiró horas después para realizar consultas con sus bases y anticipó que cualquier determinación final deberá ser asumida en un cabildo. “Aquí está en juego el país”, señaló, al anunciar un ampliado para evaluar los resultados de las conversaciones tras casi tres semanas de movilizaciones.

El escenario de negociación se reabrió luego de varios intentos fallidos y rupturas previas. El antecedente inmediato fue la marcha protagonizada por la COB y el Magisterio Urbano, que llegó el lunes a La Paz tras recorrer a pie los 60 kilómetros entre Calamarca y la sede de Gobierno. Entre el lunes y el martes, las protestas derivaron en episodios de violencia, con detonaciones de dinamita y daños al ornato público, que dejaron personas detenidas.

Tras el fracaso inicial del diálogo, la COB convocó el lunes a un bloqueo nacional de caminos, que se fue cumpliendo de manera escalonada hasta alcanzar cerca de 20 puntos de interrupción. Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la mayor concentración se registra en el departamento de La Paz, con focos en Pando, Santa Cruz y Chuquisaca, además de cortes en Oruro, Potosí y la ruta Santa Cruz–Beni. A ello se suma la convocatoria a un bloqueo general de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Cochabamba desde hoy.

En su breve declaración al cierre de la jornada, Lupo evitó dar detalles por la sensibilidad de la negociación, pero dejó abierta la expectativa de un entendimiento. “Este diálogo fue para poder estabilizar la economía y promover la inversión y el crecimiento. Va a haber un cuarto intermedio hasta mañana por la mañana, con la expectativa de que se mantenga este clima de respeto y un ambiente positivo para llegar a soluciones que el país hoy necesita”, afirmó, antes de retirarse sin aceptar preguntas por parte de la prensa.

Mientras el carril político seguía abierto, el conflicto sumó una nueva arista judicial. En Santa Cruz, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Aldo Quezada, confirmó ayer que la Sala Constitucional Primera admitió una acción popular contra los decretos 5503 —de emergencia económica— y 5515 —que habilita el gobierno mediante medios tecnológicos—, ambos emitidos por el presidente Rodrigo Paz Pereira. El recurso, presentado por el abogado Wilmer Vásquez, será sustanciado en audiencia virtual este viernes a las 13:00. El proceso está en fase de admisión y aún no existe una resolución de fondo.

Quezada explicó que la acción popular tutela derechos colectivos o difusos y advirtió que anticipar criterios sería irresponsable. El Ejecutivo será notificado y deberá comparecer mediante representación legal o funcionarios habilitados. Desde el Gobierno confirmaron su asistencia a la audiencia y aseguraron que defenderán la vigencia de los decretos en todos los escenarios.

En paralelo, el Ejecutivo activó otras mesas técnicas. Una de ellas sesionó ayer en el Campo Ferial Chuquiago Marka, con la participación de 105 organizaciones sociales, 18 viceministros, varios ministros y más de 200 inscritos. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Julio Linares, informó que las conclusiones serán presentadas este viernes en una plenaria, mientras que la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, reiteró que el decreto “no está escrito en piedra” y podría ajustarse tras una evaluación.

El DS 5503, aprobado el 16 de diciembre de 2025, consta de 120 artículos y plantea un giro en la política económica vigente por más de dos décadas, al eliminar la subvención a los carburantes y promover la inversión y nuevos emprendimientos. El presidente Paz Pereira ha rechazado su abrogación y aseguró que “no se puede volver al pasado”. Además, cuestionó que los movilizados digan que la razón es para que “Bolivia no se venda”. “¿Por qué dicen eso? Ya la vendieron toda”, cuestionó el mandatario en alusión a los resultados de la gestión del MAS, tanto de Evo Morales como de Luis Arce, actualmente en prisión por cargos de corrupción.

Pero, desde sectores productivos se alertó sobre riesgos de inflación y desabastecimiento si las medidas se prolongan. El ministro Espinoza señaló que, por ahora, los bloqueos son aislados y sin impacto significativo inmediato, aunque reconoció que el escenario es dinámico. A su vez, autoridades gubernamentales cuestionaron los hechos de violencia y advirtieron sobre el daño a la imagen internacional del país.

Por su lado, el vicepresidente Edmand Lara, declarado abiertamente opositor al gobierno de Paz Pereira, anunció ayer que iba a presentar un proyecto de ley para anular los decretos. El planteamiento, divulgado a través de su cuenta en Tik Tok, no generó muchas adhesiones en la Asamblea Legislativa, cuyos legisladores retomarán sus sesiones a partir de este 9 de enero tras cumplirse el receso de fin de año.

Con el frente judicial activo, el diálogo abierto y las carreteras bajo presión, el Decreto Supremo 5503 se consolidó como el principal pulso político, social y económico del momento. Las próximas horas —marcadas por la audiencia constitucional del viernes y la reanudación de las negociaciones— serán decisivas para determinar si el conflicto se descomprime o escala.

EL DEBER