SE VULNERARON DERECHOS DE CAMACHO Y HUBO “MOTIVACIONES POLÍTICAS” EN SU DETENCIÓN, SEGÚN INFORME DE EEUU

El informe de Derechos Humanos 2023 publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que se vulneraron los derechos del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. El informe hace referencia a su aprehensión y posterior detención preventiva en una cárcel de máxima seguridad en La Paz desde diciembre de 2022.

Según el documento, el Gobierno boliviano no permitió que periodistas, ONG y líderes religiosos visitaran a algunos prisioneros de alta visibilidad, incluyendo al gobernador de Santa Cruz y la expresidenta interina, Jeanine Áñez.

También indica que aunque la ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, el gobierno no siempre ha respetado esta normativa, dejando en entredicho el derecho de impugnar la legalidad de su arresto o detención ante los tribunales.

El informe publicado en la web del Departamento de Estado de EEUU advierte que grupos de derechos humanos consideraron que su detención tuvo “motivaciones políticas” y que abogados denunciaron que “casi a diario hubo informes de arrestos arbitrarios de personas sin el debido proceso”.

Además, al calificar a Camacho como un “preso político”, señala que las autoridades dieron varias justificaciones para su arresto, pero “finalmente afirmaron que permanecía detenido por su papel en la crisis política de 2019, que el gobierno describió como un ‘golpe de estado’”.

Tanto en el caso de Camacho como en el de Áñez, Human Rights Watch informó que no vio pruebas que respaldaran las vagas acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración”.

De igual manera, señala la denegación de un juicio público justo, evidenciando un poder judicial sobrecargado y vulnerable a influencias indebidas. Las autoridades, en varias ocasiones, presionaron a los jueces para cambiar veredictos, y se practicó la autocensura para evitar represalias del gobierno.

“El poder judicial también fue objeto de múltiples acusaciones de corrupción. En general, las autoridades respetaron las órdenes judiciales, pero en varias ocasiones presionaron a los jueces para que cambiaran los veredictos. En ocasiones, jueces y fiscales practicaron la autocensura al emitir fallos para evitar convertirse en blanco de acoso verbal y legal por parte del gobierno”, se argumenta en el informe.

El documento también hace referencia al caso de la cámara oculta en la celda de Camacho, denunciado anteriormente por su defensa y negado por el Régimen Penitenciario. Afirmando interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia.

Vía: RED UNO