SALA DE BENI ADMITE ACCIÓN POPULAR CONTRA EVA, MANFRED Y ANDRÓNICO MIENTRAS EL TSJ GARANTIZA QUE NINGÚN RECURSO PARALIZARÁ EL CALENDARIO ELECTORAL
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, denunció que una acción popular admitida por el Tribunal Departamental de Beni busca impedir las elecciones presidenciales programadas para el 17 de agosto. Según Salame, el recurso legal se presentó contra candidatos que no renunciaron a sus cargos y fue aceptado por la Sala Constitucional Primera del Beni, presidida por el vocal Charles Mejía.
En sus redes sociales, Salame expresó:
«Una inconstitucional acción popular pretende nuevamente afectar el proceso electoral. Extrañamente, la acción es admitida en el Tribunal departamental del Beni, en la sala del vocal (Charles) Mejía, al parecer en complicidad con los vocales autoprorrogados pretende un golpe a la democracia.»
El recurso plantea inhabilitar a candidatos a asambleístas nacionales que hayan ejercido dos mandatos previos, lo que ha generado preocupación en diversos sectores políticos y sociales, quienes consideran que esta acción podría ser un intento de boicot al proceso democrático.
En respuesta, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, afirmó en conferencia de prensa que ningún juez o vocal ha paralizado hasta ahora el calendario electoral rumbo a los comicios del 17 de agosto.
«Tenemos la plena seguridad de que esto va a continuar así hasta el último día, donde todos los bolivianos vayamos a elegir a nuestras autoridades,» sostuvo Saucedo.
Además, reafirmó el compromiso del Órgano Judicial con la democracia y rechazó el uso de la justicia para distorsionar la voluntad popular o frenar el derecho a elegir.
«Por más que se presenten mil recursos en diferentes partes del país, confiamos en nuestros jueces y nuestros vocales. Hemos asumido un compromiso como Órgano Judicial de estar en favor de la democracia,» señaló.
Este pronunciamiento busca calmar la creciente tensión generada por acciones judiciales que intentan influir en el desarrollo del proceso electoral y garantizar la estabilidad del calendario electoral en Bolivia.
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