¿QUÉ EXIGE LA COB Y QUÉ RESPONDIÓ EL GOBIERNO? MIRA AQUÍ LAS COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS ENTRE AMBAS POSICIONES
El Gobierno nacional respondió este 17 de junio al pliego presentado por la Central Obrera Boliviana (COB) y sus sectores afiliados, en el que plantea medidas para la “pacificación y recuperación del país”.
Aunque ambas partes coinciden en la necesidad de diálogo y en varios ejes económicos y sociales, persisten diferencias importantes en temas como la amnistía, los bloqueos y el alcance del control social.
En una carta oficial, el Ejecutivo invitó a la dirigencia de la COB a una mesa de diálogo para este miércoles en la Casa Grande del Pueblo, reafirmando su disposición a avanzar con una agenda pública, plazos definidos y compromisos verificables.
Coincidencias en temas económicos y sociales
Tanto el Gobierno como la COB coinciden en varios puntos clave, entre ellos la defensa de las empresas públicas, el rechazo a la privatización.
Asimismo, ambos plantean medidas para proteger la canasta familiar, frenar la especulación y asegurar el abastecimiento de productos esenciales. También hay coincidencia en la necesidad de investigar casos vinculados a presuntos hechos de corrupción y narcotráfico mediante comisiones legislativas.
En materia ambiental, ambas partes respaldan la protección de áreas naturales y el respeto a la normativa vigente.
Diferencias en amnistía y judicialización
Uno de los principales puntos de conflicto es la situación de personas detenidas en el marco de las protestas. La COB exige la liberación inmediata y una amnistía para los considerados “presos políticos”.
Sin embargo, el Gobierno descarta una amnistía general y plantea que los casos sean revisados de manera individual, garantizando el debido proceso y diferenciando entre protestas pacíficas y hechos de violencia.
Bloqueos y libre transitabilidad
Otro eje de tensión es el tema de los bloqueos. Mientras la COB centra su planteamiento en el derecho a la movilización, el Gobierno insiste en que debe garantizarse la libre transitabilidad.
El Ejecutivo advierte que sin circulación de personas y mercancías no es posible asegurar el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, lo que impacta directamente en la población.
Control social vs institucionalidad
La COB propone la aprobación de una ley que obligue a las autoridades a cumplir sus promesas de campaña bajo mecanismos de control social.
En contraste, el Gobierno señala que fortalecerá la rendición de cuentas y la transparencia, pero sin comprometer las competencias del Órgano Ejecutivo ni del Legislativo.
Diálogo
Pese a las diferencias, el Gobierno reafirma su disposición al diálogo y propone la instalación inmediata de mesas de trabajo por ejes temáticos.
“La línea del Gobierno es clara: diálogo sí; violencia, coacción, bloqueo de servicios esenciales e impunidad, no”, señala el documento oficial.
Por su parte, la COB mantiene su postura de exigir respuestas inmediatas a sus demandas, en un contexto marcado por la presión social y las movilizaciones.
Aquí podemos ver en orden: cada punto de la propuesta de la COB y la respuesta del Gobierno:
1. DERECHOS HUMANOS, GARANTÍAS ORGÁNICAS Y PACIFICACIÓN
Rechazo a la criminalización de la protesta:
Se rechaza los Proyectos de Ley Anti bloqueos y se exige suspender, abrogar y archivo definitivo de toda norma que restrinja desproporcionadamente el derecho a la movilización. Se prohíbe el uso de acusaciones generalizadas de terrorismo o narcotráfico contra las organizaciones sin pruebas individualizadas.
Cese de persecución y liberación de detenidos:
Se exige el alto inmediato a la persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas. Se solicita la liberación inmediata y amnistía mediante la revisión de casos de los presos políticos y personas detenidas en el marco del conflicto, garantizando el debido proceso.
Lucha contra el racismo:
Detener de manera inmediata todo acto de discriminación y racismo contra los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
RESPUESTA DEL GOBIERNO AL PUNTO 1
El Gobierno nacional no apoyará ninguna norma que criminalice la protesta pacífica ni que restrinja de manera desproporcionada el derecho constitucional a la movilización.
Sin embargo, el Estado mantendrá su obligación de garantizar la libre transitabilidad, el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, la circulación de ambulancias, el funcionamiento de servicios esenciales y la seguridad de la población.
El Gobierno nacional rechaza el uso de acusaciones generalizadas contra organizaciones sociales. Toda investigación penal deberá basarse en hechos concretos, indicios individualizados, debido proceso y autoridad competente.
No corresponde una amnistía general ni una liberación automática fuera de los procedimientos legales. La amnistía, en los casos que corresponda, debe tramitarse conforme a la Constitución Política del Estado y con aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Respecto a las personas detenidas preventivamente en el marco del conflicto, el Gobierno nacional solicitará al Ministerio Público la revisión individual de las medidas cautelares, garantizando el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos fundamentales.
Esta revisión deberá realizarse caso por caso, diferenciando la protesta pacífica de hechos de violencia, coacción, destrucción, ataques a personas, afectación de servicios esenciales o bloqueo de ambulancias, alimentos, medicamentos y combustibles.
El Gobierno nacional rechaza toda forma de racismo, discriminación o estigmatización contra pueblos indígenas, comunidades campesinas, sectores populares, trabajadores o cualquier ciudadano. Toda denuncia concreta será remitida a las instancias competentes para su investigación.
2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y CONTROL SOCIAL
Garantía de gestión:
Se exige al Gobierno nacional cumplir estrictamente las promesas electorales y los compromisos asumidos ante el pueblo boliviano.
Marco normativo:
Se plantea la aprobación prioritaria (en tiempo y materia) de un Proyecto de Ley de cumplimiento programático y control social, para que el presidente, gobernadores y alcaldes rindan cuentas obligatorias sobre sus promesas de campaña.
En este sentido la ALP sancione con dispensación de trámite, el Proyecto de Ley de Cumplimiento Estricto del Programa de Gobierno y Principales Propuestas de Gestión Pública, por quienes fueran elegidos como Presidente del Estado, Vicepresidente del Estado, Gobernadores y Alcaldes Municipales, para su promulgación por el Presidente del Estado.
RESPUESTA DEL GOBIERNO AL PUNTO 2
El Gobierno nacional ratifica su compromiso de cumplir la normativa electoral vigente, así como los mecanismos de rendición pública de cuentas, transparencia y control social establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes.
Asimismo, el Gobierno nacional promoverá mecanismos periódicos de información pública sobre los avances de gestión y los compromisos asumidos ante la población.
3. SOBERANÍA ECONÓMICA Y DEFENSA DE EMPRESAS PÚBLICAS
No a la privatización:
Se garantiza que no se impulsará ninguna privatización, capitalización, concesión encubierta ni entrega directa o indirecta de empresas públicas estratégicas a intereses privados nacionales o extranjeros. Se prohíbe la injerencia de transnacionales en el manejo de los recursos estratégicos del Estado.
Rechazo a condicionamientos financieros:
Bolivia no accederá a ningún crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, se exige transparentar cualquier negociación, crédito o acuerdo con el Banco Mundial, BID u otros organismos, informando detalladamente sobre montos, tasas, plazos, condiciones e impactos en la soberanía económica.
Pacto fiscal autonómico:
Se debe acelerar la distribución del 50/50 de los recursos con las Gobernaciones y Alcaldías para fortalecer las regiones.
RESPUESTA DEL GOBIERNO AL PUNTO 3
El Gobierno nacional ratifica que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado boliviano.
Cualquier proceso de modernización, inversión, asociación o fortalecimiento de empresas públicas deberá preservar la propiedad estatal, la soberanía económica, el control público, la transparencia y el interés nacional.
Respecto al financiamiento externo, el Gobierno nacional transparentará toda negociación, crédito o acuerdo con organismos internacionales, conforme a la normativa vigente, resguardando la soberanía nacional, la sostenibilidad fiscal y el interés del pueblo boliviano.
Sobre la distribución de recursos bajo la premisa del 50/50, el Gobierno nacional impulsará una mesa técnica de pacto fiscal y distribución de recursos con las instancias competentes, en el marco de la Constitución, el régimen autonómico y la sostenibilidad financiera del Estado.
4. TRANSPARENCIA, FISCALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN SOBERANA
Alejamiento e investigación de Fernando Cerimedo:
Se exige la expulsión y el alejamiento inmediato del ciudadano extranjero Fernando Cerimedo de cualquier función formal o informal de asesoramiento o toma de decisiones en el Gobierno boliviano.
Se solicita una investigación minuciosa sobre su participación en el Estado, el uso de bienes públicos y su presunta influencia en la designación de puestos, direccionamiento de contrataciones y abuso de influencias.
Comisión Especial de Investigación:
Se exige conformar una Comisión Especial Mixta en la Asamblea Legislativa Plurinacional para investigar los casos de narcotráfico denominados “narcomaderas” (droga incautada en Chile) y “narcomaletas”, determinando las fallas de control estatal y las redes de corrupción.
RESPUESTA DEL GOBIERNO AL PUNTO 4
El Gobierno nacional apoyará la conformación de una Comisión Especial Mixta Legislativa para investigar el caso denominado “narcomaderas” o droga
incautada en Chile, a efectos de identificar responsabilidades, fallas de control estatal, redes de corrupción y medidas institucionales de prevención.
Respecto al caso denominado “narcomaletas”, el Gobierno nacional deja constancia de que ya se conformó una Comisión Especial de Investigación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la cual se brindará la cooperación institucional correspondiente, dentro del marco legal y la reserva investigativa cuando corresponda.
Toda denuncia concreta referida a uso indebido de bienes públicos, influencia irregular, designaciones indebidas, direccionamiento de contrataciones, abuso de influencias o participación irregular de cualquier persona en asuntos del Estado será remitida a las instancias competentes de control, fiscalización e investigación, conforme a procedimiento legal.
El Gobierno nacional ratifica su compromiso con la transparencia, la fiscalización y la investigación objetiva, sin encubrimiento y sin persecución política.
5. POLÍTICA DE HIDROCARBUROS Y RESARCIMIENTO TÉCNICO
Estabilidad de precios:
No se incrementarán los precios de los combustibles de consumo nacional.
Compensación por carburantes defectuosos:
Se exige a YPFB, la ANH y al Gobierno nacional un resarcimiento integral y oportuno para todos los propietarios, transportistas y familias afectadas por la distribución de gasolina desestabilizada o combustibles adulterados.
Asimismo, se demanda una auditoría técnica independiente sobre la importación, almacenamiento y control de calidad de los carburantes.
RESPUESTA DEL GOBIERNO AL PUNTO 5
El Gobierno nacional priorizará la estabilidad del abastecimiento de combustibles, la sostenibilidad de la política interna de precios, el incremento de la producción nacional de hidrocarburos y la protección de la economía de las familias bolivianas.
Asimismo, impulsará políticas orientadas a diversificar la matriz energética, promover el uso de vehículos eléctricos, híbridos y flex, y fortalecer la producción nacional de etanol y otros combustibles alternativos.
Respecto a las denuncias sobre carburantes defectuosos o adulterados, el Gobierno nacional, a través de YPFB, ANH y las instancias técnicas competentes, viene llevando adelante la atención y resarcimiento de los daños reportados en motores de vehículos, conforme a verificación técnica, documentación respaldatoria, determinación de daños y responsabilidades institucionales o contractuales que correspondan.
Asimismo, se instalará una mesa técnica con participación de los sectores afectados, especialmente transporte, para verificar la calidad del combustible, los daños reportados, la relación causal y las medidas adicionales que correspondan.
6. SOCIALIZACIÓN LEGISLATIVA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
Consulta previa obligatoria:
Antes de la aprobación, tratamiento o promulgación de cualquier ley, decreto supremo (como el DS 5515) o medida macroeconómica incluidas las 10 medidas económicas, el Órgano Ejecutivo y Legislativo deben socializarlos de manera obligatoria con los sectores afectados, organizaciones sociales, trabajadores, juntas vecinales y pueblos indígena originarios campesinos.
RESPUESTA DEL GOBIERNO AL PUNTO 6
El Gobierno nacional promoverá mecanismos de socialización, participación y consulta en normas, decretos o medidas de alto impacto social, económico, productivo o sectorial, conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.
Esta socialización se realizará sin perjuicio de las competencias constitucionales del Órgano Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En el caso de medidas que afecten directamente a pueblos indígena originario campesinos, se aplicarán los mecanismos de consulta que correspondan conforme a la Constitución y la normativa aplicable.
7. CANASTA FAMILIAR, DERECHOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL
Protección del bolsillo popular:
Implementación de medidas urgentes para proteger la canasta familiar, frenar la especulación, controlar el incremento de precios y garantizar el salario real y el empleo estable.
Fondo de jubilación digna:
Crear un fondo soberano para que todos los sectores laborales del país (mineros, salud, fabriles, campesinos, transporte, interprovincial, pesado, público, gremiales, etc.) reciban una jubilación al 100%, igualando el beneficio que actualmente tienen las Fuerzas Armadas e incluyendo formalmente a la Policía Boliviana.
Atención a demandas sectoriales:
Atender mediante mesas de trabajo el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana gestión 2026 e incorporar los pliegos petitorios específicos de los sectores transporte, campesino, FEJUVES y demás organizaciones adscritas.
RESPUESTA DEL GOBIERNO AL PUNTO 7
El Gobierno nacional impulsará medidas urgentes para proteger la canasta familiar, fortalecer la producción nacional, mejorar el abastecimiento de productos esenciales, enfrentar la especulación, cuidar el salario real y preservar el empleo.
A este efecto, se convocará a la Central Obrera Boliviana y a los sectores correspondientes a coadyuvar en la normalización del libre tránsito de personas, vehículos y mercancías, especialmente alimentos, medicamentos, combustibles, insumos productivos y productos de la canasta familiar.
El Gobierno nacional considera que sin libre transitabilidad no existe abastecimiento regular, y sin abastecimiento regular se afecta directamente el bolsillo popular.
Respecto al sistema de pensiones, el Gobierno nacional se compromete a conformar una comisión técnica para la revisión de la Ley N° 065 de Pensiones, con criterios de sostenibilidad financiera, estudio actuarial, equidad, fuentes de financiamiento y protección de los trabajadores.
El Gobierno nacional también se compromete a conformar mesas de trabajo para abordar el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana y los pliegos sectoriales específicos, priorizando temas laborales, productivos, sociales y de seguridad social.
8. MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA INTERNACIONAL PACIFISTA
Protección de áreas protegidas:
No se utilizarán los parques nacionales ni las reservas naturales para la explotación minera, petrolera o de cualquier otra naturaleza destructiva.
Principio pacifista:
El Gobierno boliviano debe mantener una posición internacional coherente con la Constitución Política del Estado.
RESPUESTA DEL GOBIERNO AL PUNTO 8
El Gobierno nacional convocará a la Central Obrera Boliviana y a las instancias competentes a una mesa de trabajo para verificar el cumplimiento de la normativa sobre áreas protegidas, parques nacionales, reservas naturales y protección ambiental.
El Gobierno ratifica que toda actividad económica deberá respetar la Constitución Política del Estado, la normativa ambiental, los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, la protección de la Madre Tierra y el interés nacional.
Asimismo, el Gobierno nacional ratifica una política exterior conforme a la Constitución Política del Estado, basada en la paz, la soberanía, la independencia nacional, la integración de los pueblos y la defensa de los intereses de Bolivia.
Unitel
0 0
