PENAS SEVERAS DE 5 A 10 AÑOS PARA QUIENES INCURRAN EN LAVADO DE DINERO

En el marco del Sistema Anti lavado y Contra el Financiamiento al Terrorismo, diversas entidades desempeñan un papel crucial para contrarrestar las amenazas vinculadas a actividades delictuosas como el narcotráfico, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y estafas. Estas entidades, conocidas como Sujetos Obligados (SO), se han convertido en pilares fundamentales para mitigar los riesgos que estas prácticas ilícitas representan tanto para el sistema financiero como para la sociedad en general.

Los Sujetos Obligados, que incluyen a Bancos, Casas de Cambio, Empresas de Giros y Remeseras, empresas de servicio de Pago Móvil, empresas Transportadoras de Dinero, Agencias de Bolsa, Juegos de Azar y Casinos, Notarios de Fe Pública, entre otros, colaboran activamente en la implementación de la Debida Diligencia. Esta acción consiste en conocer a fondo a sus clientes, identificando el origen y destino de los recursos, entre otros aspectos relevantes.

Pamela Troche Huanca, directora general Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), encabeza los esfuerzos para normar todas las medidas preventivas relacionadas con la legitimación de ganancias ilícitas. Enfatizó la existencia de penalidades para aquellos que incurran en lavado de dinero, señalando que las penas pueden oscilar entre 5 y 10 años de privación de libertad.

La directora hizo un llamado a la vigilancia, especialmente dirigido a los jóvenes que podrían ser susceptibles a ser víctimas de grupos delincuenciales. Troche Huanca destacó que cualquier acción sospechosa, corroborada en un proceso, puede derivar en un proceso penal, subrayando la gravedad de las consecuencias.

La Unidad de Investigaciones Financieras también informó que inicia procesos basándose en noticias negativas que generen alertas a empresas, derivándolas posteriormente a autoridades competentes. Con tan solo una alerta, el Ministerio Público puede iniciar una investigación, y en la fiscalía, las denuncias pueden activarse para ser posteriormente investigadas por la UIF.

La directora explicó que en Bolivia se presta una atención especial a las personas expuestas políticamente, como políticos y figuras conocidas a nivel nacional e internacional, sometiéndolas a un seguimiento más detallado que el promedio, con el objetivo de fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir actividades ilícitas.