LICITACIÓN DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA PARA MONITOREAR REDES POR BS 696.000 DESATA CUESTIONAMIENTOS; EL GOBIERNO NIEGA INTENTO DE CONTROL

El Ministerio de la Presidencia lanzó una licitación pública para contratar un servicio integral de monitoreo de redes sociales y plataformas digitales con un presupuesto referencial de Bs 696.000, según información publicada en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) bajo el CUCE 26-0025-00-1632531-1-1. Las empresas interesadas podían presentar sus propuestas hasta el 4 de marzo de 2026.

De acuerdo con el Documento Base de Contratación (DBC), el servicio contemplaba un diagnóstico y análisis del mercado digital para identificar tendencias, percepciones, comportamientos y preferencias de los usuarios respecto a los productos, servicios y acciones del Ministerio de la Presidencia, con el fin de alimentar planes, pilares y estrategias institucionales.

El documento establecía un sistema de alerta de crisis mediante el cual la empresa adjudicada debía realizar notificaciones inmediatas ante picos de menciones negativas o la aparición de temas críticos que requieran atención urgente. Estas tareas incluían escucha predictiva, alertas tempranas durante todo el día y análisis comparativo de la presencia del Ministerio en redes sociales y plataformas digitales.

Asimismo, el DBC señalaba que la plataforma tecnológica debía operar en tiempo real e integrar redes sociales como Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube y TikTok, además de medios digitales y tradicionales, blogs, foros, portales informativos y sitios web. El servicio también contemplaba análisis de sentimiento, identificación de narrativas y tópicos emergentes, detección de actores relevantes e influencia digital, así como el uso de Inteligencia Artificial y Big Data adaptadas al contexto político-social boliviano.

El contrato tenía vigencia prevista hasta el 31 de diciembre de 2026 e incluía reuniones semanales de seguimiento con la Unidad de Comunicación Social e Información Gubernamental del Ministerio de la Presidencia. El documento además establecía que toda la información recopilada sería estrictamente confidencial y no podría ser divulgada ni compartida sin autorización expresa del Ministerio.

Tras conocerse el proceso, el exdiputado Tomás Monasterio cuestionó la decisión de destinar cerca de 700 mil bolivianos a la contratación de una empresa para monitorear menciones negativas en redes sociales, en medio de filas por combustible y reclamos ciudadanos. Señaló que la crítica no es una amenaza sino un derecho y sostuvo que los recursos públicos deberían priorizar la solución de problemas como la logística de abastecimiento, la transparencia contractual y el fortalecimiento de controles.

“Un gobierno que confía en su gestión no persigue críticas. Las enfrenta”, escribió en sus redes sociales, donde también afirmó que las redes no generan el problema, sino que lo visibilizan, y que Bolivia necesita resultados y no vigilancia digital financiada con recursos públicos.

Por su parte, el Ministerio de la Presidencia, encabezado por José Luis Lupo Flores, negó mediante un comunicado que el Estado pretenda controlar redes sociales y aseguró que el monitoreo digital forma parte de la profesionalización de la gestión pública.

La cartera señaló que medir el impacto de las políticas públicas mediante herramientas tecnológicas es una práctica estándar en gobiernos democráticos y organismos internacionales, y que el objetivo es evaluar si la comunicación gubernamental cumple con criterios de claridad, transparencia y oportunidad para la ciudadanía.

El comunicado añadió que optimizar la comunicación institucional permite ajustar mensajes, mejorar la difusión de información oficial y fortalecer la rendición de cuentas. Sin embargo, las especificaciones técnicas del proceso incluían la vigilancia y monitoreo de redes sociales y la generación de reportes sobre comentarios negativos, lo que generó cuestionamientos.

Finalmente, el Ministerio precisó que, con la nueva estructura organizativa del Órgano Ejecutivo, el área de Comunicación Social dejó de depender de esa cartera, por lo que el proceso de contratación ya no se encuentra vigente y no corresponde asignar recursos de ese ministerio a servicios que ahora competen a otras instancias del Gobierno.