LEY DE IMPUESTOS A BEBIDAS ALCOHÓLICAS AFECTARÁ LA PRODUCCIÓN DE SINGANI Y VINO EN TARIJA
La senadora Nelly Gallo expresó su preocupación por el proyecto de ley que plantea modificar el arancel aplicado a las bebidas alcohólicas, entre ellas el singani y los vinos producidos en Tarija. Señaló que se trata de una medida que debe ser analizada con responsabilidad y transparencia antes de avanzar en el proceso legislativo.
Advirtió que, de acuerdo con los plazos establecidos en el reglamento del Senado, no alcanzaría el tiempo para que la propuesta sea tratada en la presente gestión. Además, afirmó que si se intentara acelerar su aprobación, se incurriría en una irregularidad que levantaría sospechas.
Gallo explicó que el proyecto proviene del Ejecutivo nacional y responde a una solicitud del sector lechero, que en años anteriores ya se benefició de un mecanismo de retención similar. Sin embargo, denunció la falta de claridad en el uso de los recursos obtenidos mediante ese sistema. Según la legisladora, durante los últimos quince años se recaudaron aproximadamente 576 millones de bolivianos, pero solo se ha transparentado el destino de 76 millones.
“El resto no sabemos dónde ha ido, y eso es muy grave”, afirmó.
La senadora manifestó que este nuevo impuesto afectaría directamente a uno de los sectores productivos más emblemáticos de Tarija, como es el vitivinícola. Señaló que el impacto no solo alcanzaría a las bodegas y empresas elaboradoras de singani y vino, sino también a los productores de uva y a las familias que dependen de esta cadena productiva.
“No podemos permitir una medida que ponga en riesgo el empleo, la economía y la estabilidad de un sector que genera tanto para el departamento”, expresó.
Asimismo, cuestionó que el Gobierno insista en aplicar este tipo de mecanismos únicamente al sector privado, mientras las empresas estatales no muestran resultados ni generan utilidades claras.
“Se debe exigir el mismo nivel de responsabilidad y control a todos los actores económicos”, sostuvo.
Gallo recordó que el procedimiento legislativo para el tratamiento de un proyecto de ley de esta naturaleza requiere su recepción formal en el Senado, su derivación a una comisión, la realización de mesas técnicas y la solicitud de informes al Ejecutivo y a los sectores involucrados. Este proceso, explicó, puede tomar entre un mes y medio y dos meses, por lo que sería imposible aprobarlo antes del cierre de la gestión.
“Un tratamiento directo o apresurado sería una irregularidad y llamaría mucho la atención, porque podría estar tratando de encubrir la falta de transparencia en los recursos recaudados anteriormente”, advirtió.
Finalmente, la legisladora llamó a la población a exigir que el tema sea analizado con profundidad y responsabilidad.
“No hay que dejarse engañar. Este es un tema delicado que debe tratarse con claridad, porque está en juego el futuro de miles de familias tarijeñas”, concluyó.
