LEY ANTIBLOQUEOS, EL TEMA DE DEBATE ACTUAL: ORGANIZACIONES SOCIALES RECHAZAN Y IMPULSORES AFIRMAN NO CEDER; DECISIÓN QUEDA EN MANOS DE LA ASAMBLEA

El proyecto de ley antibloqueos, impulsado por legisladores de las alianzas Unidad y Libre, así como del Partido Demócrata Cristiano (PDC), se ha convertido en el tema central de debate en la Asamblea Legislativa. La iniciativa propone sancionar con cárcel a quienes promuevan, financien u organicen bloqueos de carreteras, tipificándolos como delitos graves con penas de entre 10 y 20 años de prisión.

El diputado Carlos Alarcón, de Unidad, presentó la propuesta, argumentando que los bloqueos generan graves perjuicios económicos y sociales al país y afectan derechos fundamentales de otros ciudadanos. Sectores productivos, como la Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba (ICAM) y los empresarios de Santa Cruz y La Paz, respaldan la norma y señalan la urgencia de proteger la economía y la libre circulación, tras los perjuicios que los bloqueos ocasionaron incluso al turismo y la producción.

Por su parte, organizaciones sociales se han pronunciado en rechazo a la norma. La Central Obrera Boliviana (COB) calificó la ley como un intento de criminalizar la protesta social y defendió los bloqueos como “la última instancia” de reivindicación ciudadana cuando los gobiernos ignoran sus demandas. El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, advirtió:

“A esos malos gobernantes que están trabajando en una ley antibloqueos, les decimos que el bloqueo es la última instancia cuando los gobernantes hacen oídos sordos al pueblo. Pretenden castigar esa lucha… hay un pueblo que está vigilante”.

De manera similar, el exdirigente campesino Humberto Claros calificó la iniciativa como “un recurso de odio a la protesta popular” y afirmó que “la ley antibloqueos solo es de un gobierno dictador, no pueden criminalizar la protesta social”. La CSUTCB también se pronunció en contra, defendiendo los bloqueos como formas históricas de lucha del pueblo boliviano.

En respuesta a estas advertencias, el diputado del PDC, Manolo Rojas, afirmó que los legisladores no retrocederán un solo paso con la ley y que la decisión final quedará en manos de la Asamblea Legislativa. Señaló que algunos dirigentes de la COB “no se han enterado de que Bolivia ha cambiado” y subrayó que la Asamblea seguirá firme con el mandato del pueblo.

Rojas agregó:

“Lo que no vamos a tolerar desde el Congreso es la negociación con criminales. Criminal es quien golpea a los hombres y mujeres en las calles, criminal es quien saquea negocios, criminal es quien bloquea la economía. Los bolivianos no vamos a estar supeditados a algunos criminales”.

La discusión sobre la ley antibloqueos refleja el choque de visiones entre el derecho a la protesta y la necesidad de proteger la economía y el orden público. La Asamblea Legislativa aún no ha definido la fecha para el tratamiento final del proyecto, pero se espera que la norma sea uno de los temas más debatidos en las próximas sesiones.