LA JUSTICIA NO CASTIGA EL TRABAJO DE NIÑOS EN LAS MINAS DE POTOSÍ.

Las personas que contratan menores para la actividad minera cometen un delito porque esa actividad es considerada como una de las peores formas de explotación y está prohibida por instancias nacionales e internacionales, pero, en Potosí, quienes contratan menores para sus minas no sufren sanción alguna.

La delegada departamental de la Defensoría del Pueblo en Potosí, Jackeline Alarcón, dio a conocer que corresponde encarar procesos a los que contratan menores, pero lastimosamente no existen casos al momento.

“Es bien complicado identificar a estos menores de edad porque ellos se ocultan, se tapan la carita, no dicen la edad, generalmente se aumentan la edad, aunque claramente se ve que son menores de 16 años, pero ellos se aumentan por eso es complicado”, apuntó la delegada defensorial.

Alarcón considera que esta es una situación de alto riesgo por lo que las autoridades departamentales competentes tienen que tomar medidas para ver qué partes del cerro ya no son aptas para el trabajo.

Esa versión se basa en los reportes que dan cuenta que en la parte alta del yacimiento minero existe un elevado proceso de fracturación de la roca, lo que ha ido generando el surgimiento de hundimientos de diferentes dimensiones.

Los reportes de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) señalan que en el yacimiento minero existen 133 hundimientos que son el resultado de la extracción de carga kineralizada durante muchos años.

El Cerro Rico de Potosí enfrenta un proceso de deterioro a raíz de los casi 500 años de explotación minera y hoy los reportes muestran un mayor hundimiento y la pérdida definitiva de la punta.

EL POTOSÍ