EXPERTOS DICEN QUE LA JUSTICIA SACA A LUZ SU INCLINACIÓN A FAVOR DEL PODER

El sistema de justicia boliviano tocó fondo y se ratificó la injerencia del gobierno de turno, manifestaron legistas al referirse a las últimas determinaciones asumidas por operadores de justicia en el caso de la expresidenta Jeanine Áñez, la exalcaldesa Soledad Chapetón, dirigentes de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas, entre otros.

“La injerencia política, la manipulación política, el secuestro al que el Gobierno tiene sometida a la administración de justicia, estamos frente a una justicia secuestrada por un poder político partidario gubernamental y esto no lo vamos a poder enfrentar si no es a partir de una gran cruzada nacional por la reforma judicial que reestablezca la independencia de poderes”, afirmó el abogado y exalcalde de La Paz, Juan del Granado, quien promueve junto a otros juristas independientes un referendo parcial de la Constitución para promover “una reforma estructural de la justicia”.

El abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero dijo que “los propios jueces han llevado a cabo la emisión de varias resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, violatorias a los derechos humanos que hasta podrían llegar a ser calificados de prevaricato”.

Resoluciones

En los últimos días, la justicia negó un juicio de responsabilidades a la expresidenta Áñez por el caso de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA), pese a que fue jefa de Estado.

 En una audiencia de excepción de incompetencia, la autoridad jurisdiccional declaró infundada la solicitud de la defensa de Áñez.

En el caso de la excalaldesa Copa, que ya tiene dos resoluciones de detención domiciliaria por determinados casos, la pasada semana el juez Tercero Anticorrupción de El Alto ordenó su detención preventiva por un mes en el penal de Obrajes.

Además, el Ministerio Público con la Policía procedieron con la cacería de dirigentes de Adepcoca orgánica. Hay seis detenidos en la cárcel de San Pedro y se benefició con domiciliaria a una dirigente por la quema de la infraestructura del mercado paralelo de la coca en villa El Carmen.

En ese contexto, los expertos en justicia identificaron algunos problemas del sistema judicial, por ejemplo, que funcione como un mecanismo de extorsión y obtención de recursos ilícitos, inclusive por medios tan catastróficos, como la liberación corrupta de asesinos y narcotraficantes. 

“Además su cercanía con los gobiernos de turno, sean estos nacionales o locales, de izquierda o de derecha, falta de institucionalidad”, afirmaron.

Precedente

Miembros de la Fundación para el Debido Proceso advirtieron que la determinación judicial de enviar a la justicia ordinaria a la expresidenta Áñez por el caso EBA deja “un mal precedente” en la justicia boliviana, debido a que se cierra la vía de un juicio de responsabilidades.

El oficial de programa sénior de la fundación, Ramiro Orias, según reporte de Brújula Digital, en el caso EBA se vulneraron principios para juzgar a la exmandataria, aspecto que tendrá consecuencias en el futuro.

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