EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN TARIJA ESTÁN AL BORDE DE LA QUIEBRA POR FALTA DE PAGOS DEL ESTADO Y PRESIÓN DE IMPUESTOS
El sector de la construcción en Tarija atraviesa una de sus peores crisis y se encuentra en estado de emergencia, según alertó el ingeniero Diego Clavijo Ponce, presidente de los Desarrolladores Inmobiliarios y vicepresidente de la Cámara de la Construcción de Tarija.
En el programa “Sin tacos ni corbata”, de radio Luis de Fuentes, Clavijo explicó que la situación crítica se debe principalmente a la falta de pago de planillas por parte de instituciones públicas, lo que arrastra a las empresas a una cadena de deudas, procesos judiciales y hasta la quiebra.
“Nos hacen facturar planillas y no nos pagan. Resulta que Impuestos Internos viene llamándonos, nos inicia procesos coactivos, hipotecan nuestros bienes”, denunció.
A este problema se suma un decreto nacional que supuestamente permitiría el reajuste de precios en contratos de obras públicas, pero que, en la práctica, ha sido aplicado apenas por el 5% de las empresas constructoras. Según Clavijo, este beneficio ha favorecido principalmente a grandes firmas extranjeras con financiamiento externo, dejando a las empresas bolivianas, que ejecutan la mayoría de los proyectos locales, sin posibilidad de actualización. «Fue un decreto engañoso», aseguró, señalando que gobernaciones, municipios y entidades descentralizadas como UPRE, ABC o EMAPA no lo aplican por falta de presupuesto.
Las consecuencias ya se sienten en el empleo, el movimiento económico y la estabilidad financiera de cientos de actores ligados al rubro: desde obreros hasta proveedores, transportistas, ferreterías y bancos. Según estimaciones del sector, alrededor de 2 millones de bolivianos dependen directa o indirectamente de la construcción en Bolivia. Sin embargo, ante la falta de recursos, muchas empresas han tenido que migrar a otros departamentos o cerrar operaciones.
Otro punto crítico es el de los impuestos. El sector pide una norma que permita compensar las deudas que el Estado mantiene con las constructoras antes de que Impuestos Nacionales inicie procesos coactivos. “Nos deben, pero al mismo tiempo ellos mismos nos cobran por otro lado y no nos pagan”, afirmó Clavijo, lamentando que las reuniones con autoridades nacionales terminan en promesas incumplidas y decretos unilaterales que no consideran los acuerdos previos con el sector privado.
La crisis que afecta a Tarija es parte de una problemática mayor. La Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO), en representación de las empresas constructoras de todo el país, ya emitió una declaratoria de emergencia a nivel nacional, advirtiendo que la falta de pagos, el incremento de costos, la escasez de combustible, la falta de dólares y la presión impositiva ponen en riesgo la continuidad de proyectos estratégicos para el desarrollo económico y social de Bolivia.
Finalmente, Clavijo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y a quienes aspiran a cargos públicos en las próximas elecciones para tomar medidas inmediatas. Planteó la necesidad de una nueva ley de contratación de obras que contemple la realidad económica del país, así como soluciones efectivas a los problemas del combustible, el acceso a divisas y la presión impositiva.
“Estamos en estado de emergencia. Necesitamos condiciones reales para seguir dando empleo y mover la economía de Tarija y de Bolivia”, concluyó.
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