DEFENSORÍA CUESTIONA AL GOBIERNO POR EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PRESUNTOS AUTORES DE CRÍMENES Y EXIGE RESPETO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

La Defensoría del Pueblo, mediante un pronunciamiento escrito, exigió “nuevamente al Estado la protección del derecho a la imagen y el respeto al principio de presunción de inocencia”, tras la exposición pública del joven que, cuando estaba disfrazado de Joker, se vio involucrado en una pelea callejera, que dejó un muerto y dos heridos por arma punzocortante en la ciudad de La Paz.

La institución defensora de derechos humanos lamentó que, el pasado lunes 14 de abril, las autoridades presentaran “en conferencia de prensa a M.A.Z., como autor del fallecimiento de un joven que fue apuñalado junto a su hermano y un amigo en las puertas de una discoteca ubicada en la zona de Sopocachi de la ciudad de La Paz”.

La Defensoría expresó su “preocupación por el accionar de las autoridades gubernamentales, además de algunos medios de comunicación”, porque considera que “naturalizan la exhibición de personas como autor o autores de ilícitos en conferencia de prensa, vulnerando así el derecho a la presunción de inocencia”.

Señaló que este accionar está “en clara contravención de lo recomendado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado boliviano en la sentencia del caso Valencia Campos, que estableció que ‘estas conferencias de prensa tienen un impacto mediático que afecta negativamente a la honra de las personas presentadas como culpables, incluso antes de que se haya realizado cualquier imputación formal en su contra’”.

También recordó que, el pasado 6 de febrero, la Defensoría del Pueblo logró una tutela en la “acción de protección de la privacidad” interpuesta ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a favor de Reyna R.H.H.; “hecho que marcó un hito en la protección de los derechos humanos respecto al principio de presunción de inocencia, tras la exhibición mediática por parte de las autoridades del Gobierno”.

En ese sentido, “la Defensoría del Pueblo exige a las autoridades competentes el respeto a los derechos humanos, el respecto al principio de presunción de inocencia, que se adopten medidas de no repetición y, principalmente, se garanticen la libertad y el debido proceso de las personas involucradas”, cita el pronunciamiento.

EL DEBER