CAMPESINOS DE URIONDO ADVIERTEN RECURRIR A LA JUSTICIA COMUNITARIA SI DEMANDAS DE SEGURIDAD NO SON ATENDIDAS

En respuesta a una creciente ola de inseguridades que afecta a la comunidad, los campesinos de Uriondo han organizado una marcha para demandar acciones concretas por parte de las autoridades locales y departamentales. Alexander Areco, ex ejecutivo de la Central Única de Comunidades Campesinas de Uriondo, expresó su preocupación por la serie de robos que han afectado a la localidad en los últimos meses.

“Ya no podemos permitirnos dejar nuestras pertenencias sin vigilancia. Antes, dejábamos nuestras herramientas de trabajo y las encontrábamos donde las habíamos dejado. Pero ahora, estamos experimentando robos constantes de bombas, animales, azadones y mochilas”, declaró Areco. La situación ha llevado a la comunidad a un punto crítico en el que la seguridad se ha convertido en una preocupación primordial.

Según Areco, los robos ocurren a un ritmo alarmante, con más de 50 incidentes reportados cada mes. “Hemos llegado al punto en que incluso atrapamos a personas en el acto, pero debido a su condición de menores de edad, son liberados”, lamentó. Ante esta problemática, los campesinos se han unido en busca de soluciones y han presentado una serie de demandas a las autoridades.

Uno de los aspectos destacados de sus solicitudes es un llamado a la policía para patrullar la zona y garantizar la seguridad, aunque Areco enfatizó que esta acción no debería extenderse a la confiscación de motos pertenecientes a los jóvenes de la comunidad. La idea es abordar la inseguridad de manera efectiva sin perjudicar a los jóvenes que utilizan las motos como medio de transporte.

“Si no obtenemos una respuesta positiva y acciones concretas, nos veremos obligados a recurrir a la justicia comunitaria”, advirtió Areco. La petición se dirige principalmente a la fiscalía y al comandante departamental, en busca de una respuesta que garantice la seguridad.

En última instancia, los campesinos también resaltaron la necesidad de contar con una fiscalía presente en la zona, específicamente para abordar estos temas de seguridad. Aunque existe un juzgado agroambiental en la localidad, los campesinos consideran que una fiscalía dedicada a asuntos de seguridad sería crucial para garantizar una respuesta adecuada a las preocupaciones planteadas por la comunidad.