CAMIN CARGO NIEGA INCUMPLIMIENTO EN EL CONTROL DE CALIDAD DEL COMBUSTIBLE; EXDIPUTADO MONASTERIO DENUNCIA “ENCUBRIMIENTO DEL GOBIERNO A LA EMPRESA(ARGENTINA”

La empresa argentina Camin Cargo Control emitió un comunicado en el que niega haber incumplido el contrato vigente con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para el control de calidad del combustible y aseguró que, en enero, realizó análisis de 24 muestras sin encontrar residuos contaminantes.

El pronunciamiento surge luego de versiones que señalaban que la firma se habría beneficiado de una contratación por parte de YPFB en medio de denuncias por daños a vehículos presuntamente ocasionados por gasolina deficiente en el país.

Según la empresa, en el proceso de contratación para el servicio 2026 fue evaluada junto a otros proponentes y obtuvo el primer lugar por el criterio de menor precio y cumplimiento de requisitos técnicos y documentales, de acuerdo con el informe del Comité de Selección. Añadió que, conforme a su contrato vigente, la toma de muestras y los análisis se realizan a requerimiento, bajo cláusulas operativas establecidas.

Camin Cargo informó que registró un total de 24 muestras de gasolina tomadas entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de enero de 2026, bajo estándares internacionales de verificación, y que todas resultaron negativas a la existencia de residuos contaminantes. Asimismo, aseguró haber recibido actas de conformidad y recepción de sus servicios por parte de YPFB, sin reclamos técnicos, legales o contractuales en su contra, y negó cualquier acusación de malas prácticas o falta de transparencia. También solicitó formalmente a YPFB una revisión técnica conjunta para certificar públicamente estos extremos.

En contraste, el exdiputado Tomás Monasterio denunció un “encubrimiento deliberado” en el caso del combustible contaminado y acusó al Gobierno de proteger a la empresa encargada de verificar la calidad, tras la anulación del contrato con Camin Cargo por un tecnicismo administrativo.

Monasterio afirmó que YPFB anuló el contrato no por incumplimiento ni por los daños denunciados, sino para evitar ejecutar la boleta de garantía. “El Estado decidió proteger a la empresa y dejar indefensos a los ciudadanos”, señaló, al sostener que mientras miles de bolivianos asumen reparaciones costosas por motores dañados, no se estarían asumiendo responsabilidades políticas.

El exlegislador cuestionó además que se atribuya la situación a gestiones pasadas o a supuestos sabotajes, y sostuvo que la anulación del contrato, en lugar de cerrar la polémica, profundiza los cuestionamientos sobre la supervisión y el control de la calidad del combustible.

De esta manera, mientras la empresa argentina defiende la legalidad y transparencia de su trabajo, desde la oposición se insiste en que el caso debe investigarse y esclarecerse para determinar responsabilidades.