BOLIVIA, CUBA Y VENEZUELA, LOS PAÍSES CON MÁS RESTRICCIONES PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Los periodistas de verificación en Bolivia, Cuba y Venezuela tienen algo en común, las complicaciones para acceder a datos públicos libres en sus países, donde los requerimientos no son atendidos por entidades estatales o se encuentran con trabas burocráticas.

En cambio, Argentina, Chile y Guatemala son los países donde la información pública para verificación e investigación está disponible. 

Experiencias sobre el tema fueron relatadas al equipo de Bolivia Verifica en el encuentro de verificadores de la red LatamChequea 2022 que fue realizado en octubre en Bogotá, Colombia.

Latam Chequea, es un proyecto regional colaborativo para verificar información y luchar contra la “infodemia”. Conforman esta red más de 22 verificadoras de 15 países de Latinoamérica y España.

El común denominador de los países donde no hay acceso a información pública es la ausencia de normativa específica que obligue a los Estados al acceso libre de datos.

En el caso de Bolivia, si bien en la Constitución Política del Estado se  determina que el ciudadano tiene el derecho a la información, ese mandato no se cumple al 100 por ciento.

“A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”, dicen los artículos 21,106 y 242. 

En el caso de Cuba y Venezuela, no solo no hay normas, sino que existen denuncias de ataques contra periodistas, según señala un listado de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP).

Incursión de la verificación

En América Latina fueron incursionando hace más de una década los sitios web o medios de comunicación que se dedican a la verificación de contenidos falsos y de discursos públicos que dan las autoridades gubernamentales o públicas (también es conocido en inglés como fact checking)

Chequeado de Argentina fue pionera en esta región, la verificadora empezó a trabajar en el año 2009. 

Con el objetivo de identificar las desinformaciones que circularon en un año de elecciones nacionales, fue creada Bolivia Verifica en el año 2019, un proyecto de la Fundación Para el Periodismo. 

Desde La Paz se empezó a analizar los discursos de candidatos a las elecciones presidenciales. También inició el monitoreo e identificación de contenidos falsos y engañosos que circulaban en las redes sociales. 

La metodología de trabajo para la verificación de hechos y discursos indica que se debe acudir a fuentes personales o documentales para contrastar los datos (al igual que  periodismo tradicional o investigativo), con el fin de dar una categoría de falso, engañoso o verdadero al chequeo efectuado.

Sin embargo, recurrir a las fuentes del Estado no es un trabajo fácil, más aún si no se tiene una ley que permita el acceso a la información pública para respaldar los chequeos e incluso, investigaciones.

¿Por qué es importante que un gobierno tenga los datos abiertos?

Los datos abiertos son bases que permiten su reutilización, redistribución e integración con otros.

“Los datos abiertos pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen”, explica la fundación especializada en este tema “Open Knowledge”. 

Las principales características de los datos abiertos son: disponibilidad y acceso. 

“Los datos abiertos pueden ayudar a mejorar el flujo de información dentro de los gobiernos y entre ellos, y hacen que las decisiones y procesos de gobierno sean más transparentes. Una mayor buena transparencia promueve la rendición de cuentas y la gobernanza, enriquece el debate público y ayuda al combate contra la corrupción”, afirma Open Data Charter, organización que también se dedica a fomentar la información pública. 

Cuando un Estado tiene su información disponible para la ciudadanía, pertenece a la Alianza de Gobierno Abierto (la Open Goverment Partnertship en inglés). Dentro de esta asociación se encuentran más de 80 países. Bolivia, Cuba y Venezuela no son parte de ella. 

Si bien en Bolivia existe la web Datos Abiertos, en este sitio solo se encuentra información de ocho instituciones gubernamentales y está habilitado a 43 temas. La actualización de la mayoría de estos conjuntos está hasta el año 2020. 

En cambio, los datos cerrados se encuentran en formatos más comunes como PDF en los que no se permite realizar cambios.  

Bolivia, Cuba y Venezuela son países donde no se cuentan con datos actualizados, cuyos gobiernos tardan en entregar información pública o simplemente no las contestan.

Joaquín Martela, periodista y fact checker de Bolivia Verifica, relata los obstáculos que afrontó para conseguir información pública. En el Ministerio de Salud, por ejemplo, le dijeron que no consideraban como periodismo al trabajo de verificación.

“Envié una carta al jefe de Comunicación del Ministerio de Salud, Iván Ayaviri, para solicitar información sobre el Programa Nacional de Enfermedades Infectocontagiosas. Mi solicitud no fue atendida dentro de las 72 horas. Después de dos semanas me comuniqué por teléfono y el funcionario dijo que no podía darme información debido a que estaban ‘muy ocupados’ con otros asuntos y que el medio en el que trabajo no es periodístico”. 

El funcionario estatal dijo a Martela que el periodismo de verificación “no existe” y que por esa razón no se le entregará la documentación solicitada, pese a que el tema por el que se acudió a esa cartera de Estado, era investigativo.

La normativa boliviana establece que cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar información pública, no necesariamente que esté en algún gremio o sea un periodista, la cual mostró desconocer el funcionario.   

Situación similar le ocurrió con el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, donde acudió para solicitar información de la planilla salarial para contrastar con un dato en la sección de discurso.

La Alcaldía de El Alto tardó más de un mes en responder la solicitud, pero los datos no estaban abiertos ni actualizados.

Contrariamente a los dichos del Director de Comunicación del Ministerio de Salud,  la verificación se aplica desde hace mucho y  está ligado al periodismo investigativo que se empezó a realizar en el siglo XIX. 

Los espacios de verificación de datos surgen en el año 2003, tal es el caso de FactCheck.org y The Fact Checker que pertenece al The Washington Post, ambos de Estados Unidos.

“Si hubiera esa ley podría usarla para exigir a los funcionarios que respondan a la prensa, que transparenten su trabajo. De alguna manera esa ley los obligaría a hablar, no solo con medios de comunicación, sino con cualquier persona o institución que esté fiscalizando al Estado”, agregó el periodista de Bolivia Verifica

Pero esta situación no solo ocurre con los verificadores, sino también con periodistas de diferentes medios de comunicación del país. 

Otro de los casos es de Verdad con Tinta, un medio independiente de Tarija que al hacer una investigación sobre la construcción de una hidroeléctrica envió un requerimiento a la Empresa Nacional de Electricidad (Ende) el año 2021, el cual no fue respondido hasta la fecha.

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