APRUEBAN PROYECTO DE LEY QUE OBLIGA A EXAUTORIDADES A PERMANECER SEIS MESES PARA CONCLUIR INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS

Las autoridades salientes de un gobierno ahora deberán permanecer en el país por seis meses, ya no tres meses. La decisión fue tomada por la comisión de Justicia Plural, que este miércoles aprobó la modificación de la Ley 1352 promulgada en el Gobierno de Luis Arce.

“No podrán salir del país el presidente, el vicepresidente, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, los asambleístas nacionales y departamentales, concejales municipales, máximas autoridades ejecutivas de empresas e instituciones públicas mixtas y privadas que administren recursos fiscales”, adelantó el presidente de esta comisión, el diputado Manolo Rojas (PDC), a través de un boletín.

La ley 1352 tuvo una curiosa promulgación y aplicación. Fue sancionada en agosto de 2020, en el Gobierno de Jeanine Áñez. Sin embargo, esta se resistió a promulgarla, y lo hizo, en su lugar, la presidenta del Senado, Eva Copa. A pesar de eso, el Ejecutivo no la publicó en la gaceta oficial para que no esté en vigencia. En diciembre de 2020 cuando Arce ya era presidente ordenó la publicación de la Ley para que entre en vigencia. Ahora es aplicada contra los propios arcistas.

“Los tres meses no ha permitido que el saliente Contralor pueda hacer los informes técnicos sobre el tema de responsabilidad, en cambio estos seis meses permitirán tener un proceso debido para los funcionarios públicos; porque quien no ha hecho absolutamente nada no tiene porqué salir escapando del país”, justificó el diputado oficialista.

Rojas cree que se puede aplicar a las autoridades del MAS, sin embargo, la Constitución Política del Estado (CPE), establece que las normas no son retroactivas, es decir no se pueden aplicar hacia atrás, sino hacia adelante. Por tanto, las primeras autoridades que tendrán que acatar esta ley serán precisamente los que la están promoviendo para su aprobación.

El diputado oficialista explicó que se aprobó la ampliación del tiempo de la permanencia obligatoria, porque los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) que estuvieron en el poder casi 20 años «destruyeron el país» y sus autoridades ocultaron información en el final de su mandato.