ABOGADOS AFIRMAN QUE ES FACTIBLE APLICAR SANCIONES PENALES POR BLOQUEOS, PERO URGE UNA LEY QUE REGULE LAS PROTESTAS
En las últimas semanas, Bolivia ha sido escenario de una intensa ola de bloqueos de carreteras, protagonizada principalmente por sectores vinculados al expresidente Evo Morales. Estos bloqueos han generado un clima de tensión política y social que se extendió durante 24 días, afectando tanto a la economía como a la movilidad de miles de ciudadanos.
Aunque los motivos detrás de estas manifestaciones son diversos, destacan la falta de dólares, el alza en los precios de la canasta familiar, la escasez de combustibles y la crisis económica que afecta al país. Sin embargo, los manifestantes han elevado sus demandas, pidiendo la renuncia del presidente Luis Arce y exigiendo que Morales no sea procesado por presunta trata de personas.
En este contexto, surge la pregunta: ¿Debería Bolivia seguir el ejemplo de Perú y endurecer las sanciones para los responsables de los bloqueos? En Perú, el decreto legislativo 1589 establece penas severas para quienes bloqueen las vías de tránsito, con condenas de hasta 15 años de cárcel para los organizadores y de hasta 6 años para quienes colaboren en los bloqueos. Además, los bloqueos que afecten infraestructuras críticas, como puertos y aeropuertos, se sancionan con penas de 8 a 10 años de prisión.
La Red Uno de Bolivia consultó a expertos legales sobre la viabilidad de implementar un sistema similar en el país.
El abogado constitucionalista William Herrera consideró que, aunque es factible aplicar sanciones penales por estos bloqueos bajo el marco legal actual, el verdadero desafío radica en la falta de una ley que regule las protestas. “Lo que está sucediendo ahora son actos criminales que deberían sancionarse; para eso está el Código Penal”, afirmó Herrera, quien también destacó la necesidad de establecer límites claros a las protestas para evitar que se conviertan en actos de violencia o caos.
“Es viable aplicar sanciones en Bolivia. El Código Penal prevé penas similares, así que se podría hacer. Lo que ocurre ahora con los bloqueadores son actos criminales que deberían sancionarse; para eso existe el Código Penal, que tipifica estos delitos”, explicó Herrera. Añadió: “Es cierto que falta una ley, como en otros países, que permita regular este tipo de protestas. No se puede permitir que las manifestaciones bloqueen el transporte o una vía troncal, como en el caso de la carretera que conecta el Occidente con el Oriente”.
Herrera advirtió que, un estado de excepción, aunque legalmente posible, tendría un alto costo político, especialmente debido a la falta de apoyo legislativo y las posibles tensiones con las bases del Movimiento al Socialismo (MAS), que históricamente han respaldado al expresidente Evo Morales.
¿Qué desafíos enfrentaría el gobierno de Luis Arce al intentar implementar una legislación similar a la peruana? Herrera explicó: “El Gobierno tendría que aplicar la ley, pero esto implica un costo político. El Gobierno no quiere imponer un estado de sitio porque esto significaría enfrentarse a las bases evistas, y parece que el Gobierno no quiere confrontarlas, pensando en una posible reelección y en la necesidad de su apoyo en el futuro. Es un problema político y jurídico, y medidas como el estado de excepción conllevan un costo político que el Gobierno está evaluando”.
Por otro lado, Joadel Bravo, exfiscal y abogado penalista, también considera urgente que Bolivia adopte una normativa similar a la peruana, argumentando que los bloqueos son realizados por una minoría que afecta a la población en general, perjudicando la economía y la imagen internacional del país.
Consultado por el periodista Charles Muñoz sobre las posibles implicaciones para la estabilidad política si se adoptara una estrategia de sanciones similar a la de Perú, Bravo respondió: “No habría ninguna implicación, ya que no afecta a los políticos, sino a la población en general”.
Sobre algunas alternativas, Bravo opinó que: “Es viable y urgente que Bolivia siga la experiencia peruana. Los bloqueos son realizados por una minoría en perjuicio de la población general. Según la Ley General del Trabajo, en Bolivia se permite la huelga como un derecho de los trabajadores, pero este derecho está regulado y debe seguir ciertos procedimientos antes de recurrir a un paro. Es necesario establecer regulaciones y limitaciones, especialmente en sectores esenciales”.
¿Qué efecto podría tener la implementación de sanciones severas sobre los derechos de protesta y manifestación en Bolivia? Desde su perspectiva, el exfiscal explicó: “No debería enfrentar desafíos, ya que es una norma de interés nacional. Los continuos paros atentan contra los derechos de la población y afectan la imagen internacional de Bolivia, haciendo ver al país como caótico e indeseable para la inversión extranjera. Por ejemplo, la carretera que conecta Santos, Brasil, con Arica, Chile, iba a pasar por Bolivia, pero finalmente se construyó por Paraguay”.
Bravo concluyó: “En Bolivia se utiliza el apoyo popular en contra de los intereses de la sociedad”, en referencia a la pregunta sobre los desafíos que enfrentaría el gobierno de Luis Arce al intentar implementar una legislación similar a la peruana.
Sin embargo, los expertos coinciden en que la implementación de sanciones severas tendría un costo político significativo para el Gobierno. Según Herrera, medidas como el estado de excepción podrían enfrentarse a la oposición interna del MAS, que teme perder el apoyo de sus bases.
“El estado de excepción exige que esa medida, es decir, el decreto supremo que debería disponer el Poder Ejecutivo, sea validado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Sin embargo, en la Asamblea Legislativa, el arcismo no tiene mayoría, y el evismo probablemente bloquearía toda posibilidad de constitucionalizar una medida de este tipo. Esta es, en resumen, la dimensión del problema”, finalizó el abogado constitucionalista.
RED UNO
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