ABOGADO LE PIDIÓ 15 MIL BOLIVIANOS PARA SACARLO DE LA CARCEL, PERO EN EL JUICIO TERMINÓ PIDIENDO SU SENTENCIA

Un nuevo caso de presunto mal asesoramiento jurídico fue denunciado públicamente en Tarija y vuelve a encender la alerta sobre la forma en que algunos abogados estarían ejerciendo la profesión. El abogado Erick Guzmán informó que asumió la defensa de una familia que acusa a un colega de falta de ética y lealtad profesional, luego de que este habría cobrado más de 15.000 bolivianos con la promesa de obtener la absolución de un imputado por violación agravada, aunque el proceso concluyó con una sentencia condenatoria mediante un procedimiento abreviado.

“Ha creado falsas expectativas y, lamentablemente, ha empezado a sonsacar dinero a esta familia”, afirmó Guzmán, al señalar que este tipo de conductas dañan la confianza en el sistema de justicia.

De acuerdo con la denuncia, durante la etapa investigativa el abogado cuestionado habría asegurado que el imputado sería absuelto en juicio; sin embargo, al llegar el momento decisivo, habría presionado para que se someta a un procedimiento abreviado.

“Al llegar a la etapa de juicio, ha inducido a esta persona a someterse a un procedimiento abreviado”, explicó Guzmán, quien remarcó que el principio de lealtad profesional obliga a los abogados a asesorar con veracidad y a no generar expectativas irreales. El jurista anunció que se iniciarán acciones legales tanto en la vía penal como por infracciones a la ética profesional, una vez se determine si el abogado denunciado se encuentra registrado ante el Ministerio de Justicia o el Colegio de Abogados.

Por su parte, el hermano del sentenciado relató que la decisión de acogerse al procedimiento abreviado se dio bajo presión y sin información clara. “El abogado le dijo que, si mi hermano iba a juicio, no iba a salir absuelto. Bajo esa presión, mi hermano aceptó el abreviado”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que no se les permitió hablar con el imputado antes de la audiencia y que existían pruebas técnicas que podían ser favorables para su defensa. “Incluso habíamos pagado un médico forense; había pruebas a favor de mi hermano para que pueda defenderse”, indicó, lamentando que el caso nunca haya llegado a juicio.

La familia denunció haber pagado inicialmente 10.000 bolivianos y posteriormente otros 5.000 adicionales, endeudándose para cumplir con los pagos. “Nos hemos prestado dinero e incluso hemos quedado mal económicamente”, señaló el denunciante, quien además afirmó que la solicitud del procedimiento abreviado habría sido presentada sin consentimiento y con una firma presuntamente falsificada. El caso se encuentra actualmente en etapa de recurso de casación.

Desde la defensa legal se advirtió que este no sería un hecho aislado, sino parte de una problemática más amplia en Tarija y en el país, donde existen múltiples denuncias contra abogados acusados de cobrar sumas elevadas, ser presuntamente cómplices de irregularidades o no ejercer una defensa efectiva. Esta situación plantea serios cuestionamientos sobre el ejercicio de la abogacía y los mecanismos de control ético dentro del sistema judicial boliviano.