MESA A PROCURADOR: SI ME ACUSA POR QUIBORAX, DEBE ACUSAR A MORALES POR GUARACACHI
El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, aseguró hoy que el procurador general del Estado, Pablo Menacho, debe acusar al primer mandatario Evo Morales por el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que favoreció en 2014 a Rurelec, empresa británica de energía, con una indemnización de 28,9 millones de dólares por la nacionalización de sus acciones en la eléctrica Guaracachi, en Cochabamba.
“He entregado una carta al Procurador, diciéndole que debe acusar al Presidente Evo Morales por la expropiación de Guaracachi-Rurelec, en estricto cumplimiento del artículo 14, I de la CPE que establece igualdad de trato para todos los ciudadanos”, escribió el vocero de la demanda marítima en su página web.
En caso de que no se haga la acusación contra el presidente Morales, Mesa pidió que Menacho retire la denuncia en su contra por el caso Quiborax.
El expresidente aseguró que en el laudo por el caso Guaracachi se desarrolló “exactamente los mismos argumentos” que usó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por Quiborax.
“El Laudo en ese caso fue también contrario a Bolivia y obligó al país a pagar 28.927.583 dólares, más un interés del 5,6% a contar desde el año 2010. De acuerdo al DS 2006 de 22 de mayo de 2014, Bolivia pagó 31.534.613 dólares a Guaracachi-Rurelec”, agregó Mesa.
Antecedentes del caso Guaracachi
El Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje (PCA, por sus siglas en inglés) de La Haya falló a favor de Rurelec en enero de 2014, tras un juicio contra Bolivia por la expropiación de sus acciones en Guaracachi. La empresa británica solicitó inicialmente 142,3 millones de dólares.
El 1 de mayo de 2010, Morales aprobó la reversión del 50% de las acciones de Rurelec a favor de Bolivia en la generadora eléctrica Guaracachi. La empresa oficializó la demanda contra el país en marzo de 2012 ante el tribunal de arbitraje en La Haya.
La resolución final de la corte determinó que Bolivia vulneró el Tratado Bilateral de Protección a las Inversiones entre Bolivia y Reino Unido (TBI), por no haber efectuado una compensación económica a Rurelec por la nacionalización.
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