MAS ACTIVA JUICIO DE RESPONSABILIDADES CONTRA AÑEZ POR LAS MUERTES EN SENKATA Y SACABA, DE ESA MANERA SUMA EL QUINTO PROCESO

Los diputados de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) formalizaron  ante la Fiscalía una proposición acusatoria contra la expresidenta del Estado, Jeanine Añez, por las muertes en Sacaba y Senkata. Ésta denuncia sería la quinta contra la exautoridad, sumada a los cuatro procesos que la fiscalía activó desde el lunes.

El diputado Andrés Flores, junto a colegas de su bancada, indicó que la proposición acusatoria fue entregada la mañana de este miércoles y que se implica también a los exministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, según apunta el periódico digital Erbol.

Entre los delitos denunciados por este caso están genocidio, asesinato, lesiones graves y leves, desaparición forzada, entre otros, indicó Flores.

El proceso está referido a los hechos de noviembre de 2019, cuando enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden derivaron en la muerte de varias personas por arma de fuego. Paralelamente también se llevan adelante investigaciones la jurisdicción ordinaria al respecto y existen militares con medidas cautelares.

En una entrevista pasada, en el programa radial “Barricada”, el ministro de Justicia, Iván Lima, informo que para que se autorice un juicio de responsabilidades contra Añez se requiere dos tercios de la Asamblea Legislativa, sin embargo, comentó que el MAS no cuenta con esos votos en el parlamento. Razón por la que hasta ahora no estaba en curso un juicio de responsabilidades contra Añez, por estosdelitos.

Añez está actualmente con detención preventiva en un proceso ordinario en el caso de supuesto “golpe de Estado”, sin embargo en el mismo se la acusa como exsenadora y no como exmandataria.

Además, el Ministerio de Justicia presentó cuatro proposiciones acusatorias que tiene relación con juicios de responsabilidades contra Añez. El primero es por la presunta afectación al Estado por dictar el decreto 4277, que autorizó un crédito del Fondo Monetario Internacional sin la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El segundo es por la promulgación de los decretos 4231, 4200 y 4199, con los que supuestamente vulneró el derecho a la libertad de expresión y de trabajo durante la primera ola de la pandemia del coronavirus. Según el Gobierno, este instrumento fue usado políticamente para perseguir y apresar a  disidentes.

El tercer caso tiene que ver con la emisión del decreto de concesión del servicio de registro público y comercio a Fundempresa y el cuarto con una orden para evitar el ingreso de un grupo de bolivianos que se encontraban en la frontera, también durante la primera ola de la pandemia.

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