EL COSTO DE VALORES EN LA POLICÍA SE DISPARA POR OMISIÓN DE EXJEFES
Existen dos normativas en Bolivia que ordenan que la actualización del costo de valorados en cinco instancias dependientes de la Policía Nacional debe realizarse al menos una vez al año; sin embargo, la Dirección de Recaudación demoró 19 años en cumplir esa tarea. Por lo mismo, los costos se incrementaron en más del 100 por ciento en algunos casos.
Desde el año 1999, a través de una resolución del Ministerio de Gobierno, se estableció la actualización de los valores y certificados policiales. Así también, la Ley 2434 del año 2002 establece que “el pago parcial o total realizado fuera de término de las obligaciones aduaneras, tributarias y patentes con el Estado, se actualizarán respecto a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), publicada por el Banco Central de Bolivia, entre el día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al pago inclusive”.
“Puede que sea por problemas administrativos u operativos que no se ha llegado a consolidar nunca este incremento”, manifestó el director nacional de Fiscalización y Recaudación de la Policía, Juan Carlos Velasco.
El jefe policial explicó que se realizó un estudio para que la decisión tenga un respaldo técnico y legal como establece la normativa.
“El no cumplir con la normativa me hubiera llevado un proceso disciplinario por incumplimiento de deberes formales, es por esta razón que encomendé el estudio y la actualización”, expresó.
Los precios de los valorados se mantuvieron congelados por casi 20 años, mismos que fueron actualizados con una resolución administrativa a partir del 1 de noviembre de la presente gestión.
Ante las cuestionantes de algunos ciudadanos por el incremento, el Director Nacional de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía indicó que sacaron varios comunicados para hacer notar la actualización de los valores.
“La población no accede de manera recurrente a realizar estos trámites, por lo que no hay perjuicio a su economía. En algunos casos, los trámites los realizan una vez cada cinco años”, dijo.
El Jefe Policial refiere que son los “tramitadores” quienes resultan afectados.
El total del dinero recaudado con el cobro de valores y certificados es derivado a cuentas fiscales, luego pasa al Tesoro General de la Nación (TGN).
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