LA ASAMBLEA LEGISLATIVA APRUEBA EL DECRETO DE ESTADO DE EXCEPCIÓN EN BOLIVIA TRAS UNA LARGA SESIÓN

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la madrugada de este domingo el decreto que declara el estado de excepción en Bolivia, poniendo fin a una sesión cargada de tensión política, reclamos de procedimiento y llamados a restablecer la normalidad tras casi 50 días de bloqueos.

La reunión comenzó con dificultades. Al momento de la verificación inicial respondieron a lista 94 diputados y 25 senadores, aunque varios legisladores continuaban viajando hacia La Paz. Conforme avanzó la noche, parlamentarios provenientes de Santa Cruz, Beni, Tarija, Chuquisaca y otros departamentos se fueron incorporando a la sesión tras arribar en vuelos comerciales y conexiones de última hora.

Las primeras intervenciones estuvieron dirigidas contra el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, Edman Lara. El diputado Edgar Rojas cuestionó la forma en que fue instalada la sesión y advirtió posibles observaciones jurídicas al procedimiento. El presidente del Senado, Diego Ávila, pidió esperar la llegada de más legisladores y denunció dificultades para presentar licencias parlamentarias. La senadora Paola López también observó la convocatoria y reclamó mayores garantías para el desarrollo del debate.

Lara rechazó las críticas y sostuvo que actuó en estricto cumplimiento de la Ley 1740 de Regulación de Estados de Excepción, que obliga a convocar a la Asamblea dentro de las 24 horas posteriores a la publicación del decreto presidencial. También recordó que, como presidente de la Asamblea, no participa de las votaciones. “Yo no estoy de acuerdo con el estado de excepción; sin embargo, estoy obligado a cumplir la ley”, afirmó durante la apertura de la sesión.

Con el transcurso de las horas, la discusión dejó atrás los aspectos procedimentales y se concentró en los efectos de los bloqueos.

La diputada Kaline Moreno sostuvo que la medida llegaba después de semanas de desabastecimiento, ciudades aisladas, hospitales afectados por la falta de insumos y ciudadanos impedidos de ejercer su derecho a la libre circulación. Desde el PDC, Catherine Pinto destacó el papel de transportistas, comerciantes, productores y familias que soportaron la escasez durante el conflicto. “Los verdaderos héroes son los choferes que han resistido con valentía y dignidad, las familias bolivianas que han soportado escasez y sufrimientos”, afirmó durante su intervención.

Uno de los discursos más duros fue el del diputado Ricardo Rada, quien acusó a sectores políticos de invisibilizar el impacto de los bloqueos sobre miles de ciudadanos afectados por el desabastecimiento y las restricciones de movilidad.

La correlación de fuerzas comenzó a definirse pasada la una de la madrugada. A las 01:35, la bancada de Libre anunció su respaldo unánime al decreto. Veintiún minutos después, APB Súmate comunicó que también apoyaría la medida, consolidando una mayoría favorable al estado de excepción.

En medio del debate, Lara abandonó la conducción de la sesión, uno de los episodios más comentados de la jornada. Su salida se produjo cuando la tendencia de la votación ya aparecía claramente inclinada a favor de la aprobación del decreto.

A las 02:30, la Asamblea aprobó la moción de suficiente discusión con más de dos tercios de los parlamentarios presentes. Seis minutos después llegó la votación definitiva. El Decreto Supremo 5636 recibió respaldo legislativo y el estado de excepción quedó plenamente vigente, cumpliendo el procedimiento previsto por la Constitución y la Ley 1740.

La resolución aprobada por la Asamblea respalda las medidas adoptadas por el Órgano Ejecutivo y ratifica la vigencia del estado de excepción declarado el 20 de junio.

La sesión concluyó con un minuto de silencio en homenaje a las más de 14 personas fallecidas durante las semanas de conflicto y bloqueos. Fue el cierre solemne de una jornada que comenzó con disputas sobre la legalidad de la convocatoria y terminó con una amplia mayoría parlamentaria respaldando las medidas extraordinarias impulsadas por el Gobierno para recuperar el control de las carreteras y restablecer la normalidad en el país.

El Deber