KARINA SERRUDO, NO ASISTIÓ ESTE MARTES A SU DECLARACIÓN INFORMATIVA POR CASO DE PRESUNTA CORRUPCIÓN EN LA ADUANA NACIONAL
La ex presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, no se presentó la tarde de este martes, a prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público en la EPI SENAC, dentro de la investigación por presuntas irregularidades y sobreprecios en el proyecto de construcción de un nuevo edificio para la Aduana Nacional Regional Tarija.
De acuerdo con la información brindada, Serrudo no asistió personalmente, y únicamente su abogado se apersonó a dependencias fiscales para dejar oficios, sin que se conociera una justificación oficial por su inasistencia.
En la misma jornada también estaba convocado el vendedor del terreno, quien sí se presentó acompañado de su abogado y familiares, dejando un oficio ante la Fiscalía. Asimismo, representantes de la empresa Asociación Accidental Guadalquivir se presentaron y entregaron documentación relacionada con el caso.
El abogado de la empresa, Dr. Hugo Cruz, informó que el representante legal de la Asociación Accidental Guadalquivir se apersonó en cumplimiento a la citación fiscal y explicó que incluso antes de ser notificados formalmente presentaron un memorial solicitando fecha y hora para prestar declaración informativa.
“El proceso recién ha comenzado, estamos en la etapa preliminar. Hemos hecho una presentación espontánea, ahora hemos cumplido con presentarnos y vamos a presentar los descargos correspondientes para esclarecer el hecho denunciado”, señaló el jurista, quien evitó detallar las diligencias investigativas propuestas, argumentando que se mantienen en reserva por estrategia legal.
Consultado sobre si la ex presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional había prestado su declaración, el abogado indicó que no podía confirmar esa información, ya que su presencia obedecía exclusivamente a la representación de la empresa.
El proceso se inició el 27 de enero, cuando el Viceministerio de Transparencia presentó una denuncia ante la Fiscalía por supuestas irregularidades y sobreprecios en la compra del lote y la posterior construcción del edificio de la Aduana Nacional Regional Tarija. Según la denuncia, los hechos habrían ocasionado un daño económico al Estado estimado en aproximadamente 10 millones de bolivianos, nueve millones en la construcción y un millón en la adquisición del terreno.
La Fiscalía continúa con la investigación en fase preliminar y se espera que en los próximos días se definan nuevas fechas para las declaraciones informativas pendientes.
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