SUMAN DENUNCIAS CONTRA LA ADUANA DE TARIJA POR PRESUNTOS DECOMISOS Y ACCIONES IRREGULARES

La Aduana Nacional enfrenta un aumento de denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de decomisos irregulares y procedimientos cuestionables por parte de sus funcionarios. Entre los casos más destacados se encuentra el de un ciudadano argentino cuyo vehículo, una Toyota Hilux 4×4, tras haber sido robado en su país, fue incautado en Bolivia y desmantelado para subasta, pese a los intentos del propietario por recuperarlo. José Luis Sánchez denunció que, incluso tras presentar toda la documentación y realizar los trámites legales correspondientes, funcionarios le habrían solicitado 10 mil dólares para permitirle retirar su camioneta. La Aduana señaló que la denuncia de robo presentada en Argentina tenía fecha posterior al decomiso, por lo que no pudo aplicarse la restitución según los procedimientos legales.

Otro caso involucra a Víctor García, un transportista que manejaba su micro durante casi 30 años. Según su testimonio, funcionarios de DIPROVE lo calificaron como “chuto” y lo retuvieron. Además, denunció que fue objeto de extorsiones repetidas, donde le exigían pagos de dinero bajo presión. Tras negarse a continuar realizando estos pagos, el micro fue trasladado a instalaciones de la Aduana, lo que impidió que García pudiera recuperar su vehículo y generó una pérdida significativa para él.

Asimismo, se reportaron casos de buses y camionetas intervenidos sin resolución firme, de los cuales algunas partes fueron retiradas antes de remates o ventas. Los afectados indican que los vehículos fueron manipulados sin control, con pérdida de componentes valiosos, lo que genera preocupación sobre el manejo de bienes en custodia de la entidad.

Desde la Aduana Nacional, la administradora Carla Aguirre afirmó que todos los casos se han manejado conforme a la normativa vigente y que los ciudadanos involucrados han tenido acceso a recursos administrativos para ejercer su derecho a la defensa. En el caso del ciudadano argentino, por ejemplo, la institución confirmó que los recursos de alzada y jerárquicos interpuestos fueron resueltos y ratificados por la Autoridad General de Impugnación Tributaria. La Aduana reiteró que cualquier irregularidad denunciada puede ser formalmente investigada si los afectados presentan pruebas fehacientes.

Los reclamos crecientes reflejan una tensión entre los ciudadanos y la institución, y múltiples personas piden intervención de autoridades superiores para asegurar la transparencia y la restitución de bienes en casos de irregularidades.

Por su parte, el dirigente del sector transporte, Hugo León, informó sobre la creación de la Asociación de Víctimas de Diprove y la Aduana, la cual trabaja en la asesoría legal y acompañamiento de ciudadanos que se han visto afectados por estos procedimientos, promoviendo la denuncia formal de irregularidades y el resguardo de los derechos de los propietarios.