CUESTIONAN LA LEY 348: UN HOMBRE ESTUVO PRESO CASI UNA DÉCADA EN TARIJA DEBIDO A UNA FALSA CONFESIÓN DE LA SUPUESTA VÍCTIMA. TRAS 9 AÑOS, ELLA DECIDIÓ CONTAR LA VERDAD

El caso de Richard Mamani Martínez, un hombre acusado y sentenciado injustamente por el delito de violación, ha reabierto el debate sobre la Ley 348. Mamani estuvo encarcelado durante nueve años hasta que la supuesta víctima confesó que la denuncia era falsa. El hecho ha provocado una fuerte discusión en el país: mientras algunos sectores exigen revisar la normativa vigente, otros van más allá y piden su derogación total, señalando que puede prestarse a abusos y vulneraciones al debido proceso.

La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, expresó su profunda preocupación por este caso, ocurrido en Tarija, y lo calificó como un “golpe nefasto” para el sistema judicial. El hombre fue condenado por un tribunal en Camargo únicamente con base en las declaraciones de la supuesta víctima, su hermana y su cuñado, sin que existieran pericias forenses ni pruebas materiales, debido a que la denuncia hacía referencia a un hecho presuntamente ocurrido años atrás.

En 2023, la supuesta víctima reveló públicamente que la acusación fue inducida por su hermana y su cuñado, quien luego fue identificado como el verdadero autor de la agresión sexual. Esta declaración permitió al Tribunal Supremo de Justicia reabrir el caso y ordenar, en junio de 2025, la libertad inmediata del hombre a través de una revisión extraordinaria de sentencia.

A raíz de esta revelación, se abrieron dos nuevos procesos penales en Tarija. La hermana de la víctima fue condenada a tres años de prisión por denuncia falsa y a dos años adicionales por encubrimiento. Por su parte, el cuñado fue sentenciado a 25 años de cárcel por violación agravada a niño, niña o adolescente.

La magistrada Ruiz subrayó que este caso demuestra la urgencia de aplicar mayor rigor técnico y científico en los procesos judiciales, especialmente en casos de violencia sexual. “Es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente”, afirmó, al exigir que las sentencias se basen en pruebas objetivas como pericias, informes médicos y psicológicos.

El caso ha reavivado la discusión sobre el alcance y aplicación de la Ley 348. Si bien esta normativa fue diseñada para proteger a las mujeres de la violencia, voces críticas señalan que debe ser reformada para evitar que se utilice de manera indebida, mientras que otros sectores defienden su existencia, pero exigen ajustes que garanticen un debido proceso para todas las partes.