CINCO MINISTERIOS ESTÁN CONTROLADOS POR SECTORES Y DENUNCIAN TRÁFICO DE CARGOS
Al menos cinco de los 17 ministerios están dominados por sectores sociales afines a Luis Arce. Estas carteras no son las cruciales del gabinete y tienen menos jerarquía. Los ministerios políticos y económicos tienen el control del propio jefe de Estado y también algunos del vicepresidente David Choquehuanca. Existen denuncias de tráfico de cargos en oficinas públicas y pagos para llegar a ser autoridad.
Los ministerios de Medio Ambiente y Agua, de Desarrollo Rural y Tierras, de Minería, de Culturas y de Trabajo son los que están controlados por los sectores sociales que responden a Luis Arce. Sin embargo, en las otras carteras de Estado las organizaciones también colocan personal, pero en mandos medios.
El ministerio de Medio Ambiente y Agua es dominado por los interculturales y ahora surgió la pugna con la dirigencia de indígenas de tierras bajas, quienes piden controlar esta cartera ante la destitución de Alan Lisperguer por denuncias de corrupción.
El ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es controlado por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb). En esta cartera este sector acomoda a sus bases y profesionales que responden a la dirigencia campesina.
El ministerio de Minería es dominado por el sector cooperativista, aunque también hay cupos para los mineros asalariados. Culturas es controlado por las bartolinas y Trabajo por diferentes sectores de El Alto.
“En todos estos ministerios la plata corre que da miedo. Hacen negociados para entrar a trabajar. Los ministros pagan a los delincuentes de los dirigentes para que los acomoden. Y por eso cometen actos de corrupción, eso es para recuperar su inversión”, denunció el diputado Héctor Arce, quien es parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista.
La reciente destitución del exministro Alan Lisperguer de la cartera de Medio Ambiente y Agua destapó la corrupción en la que están inmersos los sectores sociales. Los dirigentes de estas organizaciones cobran dinero para “acomodar” a funcionarios en distintos ministerios.
“Las organizaciones sociales han encontrado en la presión y la fuerza la posibilidad de conseguir los privilegios que recibían antes a través de grandes obsequios como el fondo campesino, mal llamado fondo indígena, las sedes, automóviles y candidaturas. Mermados estos regalos, ahora su apetito se dirige a los espacios en el poder, como lo reflejan los colonizadores (interculturales) cuando piden ministerios para ellos y exigen la cabeza de ministros”, consideró el analista Roger Cortez.
Después del 2020
Luego de los comicios de octubre de 2020, varios sectores afines al MAS solicitaron -a cambio de su apoyo- el control de varios ministerios. El mismo presidente Luis Arce llegó a decir que para responder a todas las peticiones se necesitaría 149 carteras. Los regalos ya no eran suficientes.
“Llega el momento en el que ya no basta tener obras, vehículos, canchas, sedes o una cuota de representación en el Parlamento. Las organizaciones sociales piden y reciben espacios de poder. Y ahí vemos a la Ministra de Culturas que es parte de las Bartolinas, a los interculturales en Desarrollo Rural y Tierras y otros casos”, manifestó el analista Paúl Antonio Coca.
Luis Arce controla el gabinete de ministros de áreas económica y política
Angélica Ponce, que ahora es directora de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y que fue ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia (Csmib), consideró que los espacios públicos les corresponden a los sectores sociales por derecho. Y que los problemas ocurridos en el gabinete se deben a que varias de las autoridades actuales no cuentan con el aval sindical.
“Somos un ente matriz, fundador del instrumento político, igual que los hermanos interculturales, la Csutcb o las Bartolinas. Las organizaciones sociales tenemos derecho a poder trabajar en estos espacios públicos”, afirmó Ponce antes cuando todavía era dirigente sindical.
Cortez explicó que durante la gestión de Evo Morales, cuando había ingresos por la combinación de buenos precios de las exportaciones y un incremento de la renta petrolera, las demandas de las organizaciones eran satisfechas principalmente con regalos monetarios. Estos eran complementados con candidaturas y espacios en el Legislativo o el Ejecutivo. “Evo Morales era el gran padrino dueño depositario de las llaves de la organización”, aseguró Cortez.
Para las elecciones de 2020, luego de los conflictos poselectorales, el pago a los sectores sociales cambió. Desde la confirmación de la victoria del MAS, diferentes sectores afines pasaron factura por ser “leales en tiempos difíciles” y exigieron espacios en el gabinete.
La dirección regional de El Alto pidió los ministerios de Trabajo, Justicia, Medio Ambiente y Agua, Cultura y Relaciones Exteriores; la COB aspiró a dirigir Trabajo, Hidrocarburos, Minería y Salud; las Bartolinas y los gremiales pidieron se cree para ellos carteras de la Mujer y del Gremial.
En ese momento, el máximo ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob), Henry Nina, lamentó la actitud de estos dirigentes, a quienes llamó “buscapegas”. Sin embargo, semanas después fue posesionado como presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Su organización tomó el control de la cartera de Desarrollo Rural y Tierras y ahora pide otras tres.
“Controlar un ministerio significa tener el manejo de un presupuesto propio y de manera autónoma, tener un espacio de poder y de decisión, acceder a puestos laborales o pegas -como le llamamos en Bolivia- que no solo están en La Paz, sino en las ciudades capitales o en regiones donde deben tener representación”, aseveró Coca.
Sin embargo, en el gabinete hay ministerios “intocables” y que los sectores sociales no pueden exigir cuotas de poder. Entre ellos están el de Gobierno, de la Presidencia, Cancillería, de Defensa y todas las carteras económicas y de planificación.
Entre los más cercanos al presidente están los ministros Eduardo Del Castillo, Edmundo Novillo, Marcelo Montenegro y María Nela Prada. Arce mantiene una coordinación estrecha y “especial” con estas autoridades, según supo EL DEBER.
Choquehuanca tiene el control de la Cancillería y ahora la ministra Celinda Sosa está con el pulgar abajo y una posibilidad de cambio es Elmer Catarina.
La diputada Deisy Choque manifestó que cada organización tiene su lista de ministros a los cuales observa, pero quien finalmente define es el presidente.
La división interna del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las alas renovadora y radical repercutió en la separación de su base social que se encuentra en franca disputa por la hegemonía de la administración del aparato estatal.
Los movimientos sociales consolidaron en el poder al MAS a la cabeza de Evo Morales desde 2006 y ahora “calculan” a qué ala del MAS van a apoyar: la mayoría se decanta por el bando renovador que se encuentra en función de Gobierno y el grupo radical, liderado por Morales, quedó con poco músculo sindical.
El analista Paul Antonio Coca explicó que el MAS es un partido político diferente al resto, ya que se afianza en las organizaciones sociales, con fuerza y presencia, para garantizar más votos y más poder en cada región.
“Hasta antes del 2005, en la democracia pactada, los ministerios se dividían entre los frentes políticos que se aliaban para lograr la presidencia. Ahora con el MAS pasa lo mismo, pero con otros actores; ya no se hace alianza con otros partidos, sino, con sectores sociales a los que les debe entregar cuotas de poder”, dijo el analista.
Según Coca el acceso a las arcas del Estado en diferentes ministerios es la razón por la que los denominados del Pacto de Unidad se inclinen y apoyen la gestión de Luis Arce.
División masista
La convocatoria a dos congresos del MAS por las facciones, renovadora y radical, del partido político evidenció la separación de las organizaciones sociales. Si bien unos respaldan al presidente Luis Arce y los otros a Morales, ambos tienen el interés común de ser parte del poder político y participar en la repartición de las cuotas de poder.
Para el investigador Fernando García Yapur, se trata de un cambio en la estructura en el poder, que ahora lideran los sectores urbanos como los de El Alto y las organizaciones aymaras que han desplazado a las organizaciones interculturales encabezadas por las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba y liderados por Evo Morales.
“Los movimientos sociales reclaman ser parte del Estado y que se garantice sus derechos. “Si bien antes predominaba el sector cocalero, ahora es la participación es más heterogénea”, explicó el investigador.
Desde el bando evista acusan a los dirigentes sindicales afines a Arce de tomar los ministerios y cobrar a funcionarios para acceder a un cargo.
“Hay dirigentes que responden a Luis Arce que están presionando para imponer cargos y hacer un cuoteo corporativo, eso es corrupción. Llegó el momento de hablar y abrir la compuerta al debate. Se ha demorado demasiado en designar titulares en muchas carteras y lo más probable es que haya sido por estas presiones corporativas”, afirmó el exministro Carlos Romero.
PARA SABER
Entrega de vehículos
A la fecha, el presidente Luis Arce regaló 12 vehículos a tres organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS): los Ponchos Rojos, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob) y la Central Obrera Boliviana (COB). Los motorizados procedían de los bienes incautados.
sedes sindicales
También el Gobierno entregó sedes sindicales a algunos sectores y paga alquileres de edificios de las organizaciones.
El Deber
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