INFORME DE LA CIDH DENUNCIA AGRESIONES A LA PRENSA Y PAUTA PUBLICITARIA DESIGUAL
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detectó una “escalada de agresiones a periodistas” en los últimos años, particularmente en Santa Cruz, pero a la vez observó “una importa financiación” del Estado a sus medios de comunicación que “contrasta con la crisis de sostenibilidad de los demás medios”, así como “cuestionamientos a la distribución de la pauta oficial”.
Después de la “visita in loco” a Bolivia, los comisionados de la CIDH concluyeron preliminarmente que existe “un amplio ejercicio de la libertad de prensa”, no obstante recibieron también información sobre “la falta de condiciones para ejercer el periodismo” en el país.
“Preocupa la escalada de agresiones a personas periodistas en los últimos años, particularmente en Santa Cruz, que incluyeron agresiones físicas severas, la retención contra su voluntad, destrucción de equipos y ataques a infraestructuras de medios de comunicación”, complementa el informe que la vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, leyó el viernes en La Paz.
La comisión señala además que “a raíz de la violencia, se presentaron distintos episodios de autocensura e, incluso, la interrupción de transmisiones de medios de comunicación y el cese de despliegue noticioso mientras transcurrían asuntos de interés público por temor a ataques”.
Los relatores lamentaron que “pese a la gravedad de estos hechos (contra la prensa), persiste la impunidad y falta de investigación y persecución de los agresores por parte de la justicia”.
El jueves 30 de marzo, la abogada de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Raquel Guerrero, entregó a los comisionados de la CIDH 14 denuncias por agresiones a periodistas y cuatro pedidos de procesamiento disciplinario a policías. Resaltó que en ninguno de ellos hay resultados.
Se envió además una lista de 50 periodistas agredidos durante las coberturas de los avasallamientos de tierras y el paro cívico de 36 días en Santa Cruz. No pasó desapercibido en Santa Cruz, que cuando la Comisión recibía informes de la prensa, un reportero fue agredido el miércoles en un conflicto por tierras.
David Ovando, presidente de la Federación de Periodistas de Cochabamba, confirmó que junto a otros colegas del país presentaron las denuncias sobre las agresiones a periodistas en Bolivia, pero que lamentaron que no se cumplan las recomendaciones sobre ese tema emanados en el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de 2021.
“Le dijimos a Pedro Vaca (Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH) que no se están cumpliendo las recomendaciones respecto a las garantías para la prensa que dijo la GIEI, por eso esperamos que la comisión haga seguimiento a esas obligaciones del Estado con la prensa en Bolivia”, precisó Ovando a Página Siete.
Críticas por distribución de pauta oficial
La Comisión de la CIDH observó además una “importante financiación” del Estado a sus medios de comunicación en desmedro del resto y recibió también reportes “sobre cuestionamientos a la distribución de la pauta oficial”.
“En adición, la CIDH nota la relevancia y despliegue de los medios de comunicación administrados por el Estado y su importante financiación, que contrasta con la crisis de sostenibilidad de los demás medios, así como reportes sobre cuestionamientos a la distribución de la pauta oficial”, indica textualmente el documento de los comisionados.
En febrero de este año se conoció que el gobierno de Luis Arce destinó 91.770,190 bolivianos en 2023 para el funcionamiento de cuatro medios de comunicación estatales y, en comparación con el 2022, los recursos económicos se incrementaron en 12.115.729 bolivianos, según el Presupuesto General del Estado 2023.

En mayo de 2020 se informó que nueve canales de televisión en Bolivia se beneficiaron con millonarios recursos públicos en publicidad y propaganda en el gobierno de Evo Morales. Entre 2017 y 2019 nueve medios de comunicación percibieron un total de 611,2 millones de bolivianos en pauta publicitaria.
Sobre el tema de la pauta publicitaria gubernamental que beneficia a los medios estatales, Ovando recordó que a raíz de la pandemia del coronavirus y la distribución desigual de publicidad y propaganda estatal, la crisis económica golpeó muy duro a los medios de comunicación que no son del Gobierno.
“Aquí en Cochabamba nomás tenemos 120 periodistas que no pudieron volver a sus fuentes laborales por la crisis y pasa lo mismo en La Paz y Santa Cruz. Por eso, creo debemos instalar el diálogo con la Viceministra de Comunicación (Gabriela Alcón) para que la publicidad llegue a todos los medios de comunicación, sobre todo por esta dura crisis económica que sufre la prensa”, puntualizó.
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